Un detective asegura que le relataron episodios de abusos en el seno de los miguelianos
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Precisó que en su informe no hizo constar los abusos que dos personas le trasladaron verbalmente y que aludían a una serie de prácticas sexuales individuales, pero también en grupo
13 nov 2018 . Actualizado a las 10:40 h.Fue contratado por los progenitores de una de las integrantes de la Orden y Mandato de San Miguel y terminó convencido de que estaba ante «un grupo sectario». Así lo expuso este lunes en la Audiencia de Pontevedra el detective privado que elaboró un informe sobre esta congregación, documento que elaboró principalmente con las encuestas que le contestaron entre veinte y treinta antiguos miembros de la orden.
En este punto, y con 35 años de carrera profesional, dejó claro que no llegó a tratar de infiltrarse en el seno de esta asociación. Y es que a la falta de tiempo material para llevar a cabo este cometido se sumó el hecho de que «la asociación como tal, con el control de Miguel Rosendo, ya no existía» en el momento que le contrataron.
En cualquier caso, precisó que era Miguel Rosendo quien tomaba las decisiones de toda índole, mientras que el resto de los integrantes se limitaban a cumplirlas, «unos por respeto, otros por sumisión y otros por miedo». Asimismo, explicó que el principal acusado utilizó la herboristería que gestionaba para captar a futuros adeptos, ganarse su confianza y, posteriormente, introducirlos en la orden.
El detective precisó que en su informe no hizo constar los abusos sexuales que dos personas le trasladaron verbalmente y que aludían a una serie de prácticas sexuales individuales, pero también en grupo.
Vendió su casa
En esta misma jornada, el tribunal también tuvo ocasión de escuchar a una de las denunciantes, quien mantuvo en todo momento que sus hijas son «niñas anuladas». Así, mientras una de ellas declaró haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Miguel, las otras dos permanecen al lado de este -una está casada con su hijo y la tercera lo acompaña en el banquillo de los acusados-. La pontevedresa explicó que dejó su trabajo, vendió su vivienda y entregó distintas cantidades de dinero y joyas a la orden.