El Gobierno la acusa de acusa de abuso de poder, falso testimonio y aceptación de sobornos
15 feb 2019 . Actualizado a las 07:59 h.Las autoridades judiciales rumanas iniciaron una investigación contra Laura Kovesi, principal favorita para ocupar el nuevo cargo de fiscal general europea, y a la que el Gobierno socialdemócrata de Rumanía destituyó el año pasado como fiscal anticorrupción. La propia Kovesi confirmó que se le acusa de abuso de poder, falso testimonio y aceptación de sobornos, lo que calificó como un «acoso».
La investigación, lanzada por una nueva oficina especial contra delitos en el sistema judicial, llega cuando la jurista está preparando su entrevista ante el Parlamento Europeo para terminar el proceso de selección para el cargo de fiscal general europeo, que deberá iniciar su trabajo en 2020.
Kovesi lideró la persecución judicial de numerosos políticos rumanos por corrupción, incluyendo miembros del ahora gobernante PSD, cuyo líder, Liviu Dragnea, fue condenado en el 2016 por manipulación electoral, lo que le impide ser primer ministro.
El Gobierno rumano, que preside este semestre la UE, destituyó el año pasado a Kosvesi como jefa de la Oficina Anticorrupción en contra de la opinión del presidente, el conservador Klaus Iohannis.
Kovesi anunció que, pese al acoso, seguirá adelante con su candidatura, ya que parece ser la aspirante con más posibilidades para hacerse con este nuevo cargo. El Gobierno rumano anunció la semana pasada que haría todo lo posible para impedir su elección.
Elogios
Bruselas elogió en el pasado a la Justicia rumana, y a esta fiscal en particular, por procesar y encarcelar a cientos de políticos por corrupción. Con Kovesi en el cargo, la fiscalía anticorrupción se convirtió en la institución pública mejor valorada por los rumanos.
Sin embargo, el Partido Socialdemócrata considera que la Justicia se ha «politizado» y que muchas de las investigaciones contra sus correligionarios han ido una «caza de brujas».
Desde su llegada al poder en el 2016, el PSD ha tratado de revertir algunas de las medidas anticorrupción, con varias reformas judiciales que han sido criticadas por Bruselas y han sido contestadas con multitudinarias manifestaciones.