La última investigación a los Charlines acaba con 2,3 millones y 83 terrenos embargados

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

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Jorge García

El clan niega cualquier relación con la fortuna investigada, incluso de cuentas a su nombre en Suiza

31 dic 2021 . Actualizado a las 20:34 h.

La subasta, en el 2008, de bienes requisados a la familia Charlín por narcotráfico y blanqueo de capitales desencadenó la investigación. En el lote figuraba una depuradora de la sociedad Sochar (acrónimo de Somoza Charlín) en A Illa y terrenos en Vilanova. Los beneficios se destinaban a sufragar parte de las indemnizaciones adeudadas a las antiguas trabajadoras de la conservera Charpo, acrónimo de Charlín Pomares y mascarón de proa de todo el holding del clan en Arousa. Al final no hubo compensaciones y todo regresó a manos de la familia. Natalia Somoza acudió a la subasta con su madre, María Teresa Charlín Pomares, y su tío Manuel Charlín Pomares, ambos hijos del patriarca, Manuel Charlín Gama. Natalia, según parece recibiendo instrucciones, compró Sochar y los terrenos por 795.000 euros. Dinero que supuestamente saldría de cuentas bancarias de su madre y que también procedería del narcotráfico.

El presunto cambalache acabó en manos del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Todos juntos desarrollaron la operación Repesca, en julio del 2010, que supuso 14 detenciones y el embargo de un patrimonio millonario (al menos 83 fincas) que superaría los diez millones de euros. El primer revés llegó, al poco tiempo, en forma de sentencia. Concretamente de la Audiencia Nacional, que absolvió a María Teresa Charlín Pomares de blanqueo allanándole el camino para recuperar parte del patrimonio extirpado al clan. El fallo asegura que no tenía relación con nadie de su familia ni con su marido, condenado por tráfico de drogas y en busca y captura por 5.400 kilos de coca.

Una más

La operación Repesca siguió avanzando. Al poco tiempo se observó que María Teresa Charlín Pomares sí tenía relaciones personales con sus padres y hermanos, algunos en prisión, además de vínculos profesionales con sus hermanos Manuel y Adelaida. Otra rama del procedimiento, que dimensiona el volumen del caso, requirió la colaboración de Suiza. La investigación señala a Natalia Somoza y a sus tíos Óscar y Josefa como titulares de varias cuentas bancarias con un saldo cercano a los tres millones de euros. Al ser detenidos, y puestos a disposición judicial (2010), juraron desconocer la existencia de las cuentas y se desvincularon de la fortuna que incluían. Finalmente se bloquearon tres cuentas con un saldo total 2,3 millones de euros. El gestor del banco suizo declaró que, a su entender, el dinero provenía de la actividad industrial de la familia Charlín Pomares en la pesca, además de reconocer que se reunía con ellos cada dos años en Ginebra o en Madrid.

El cribado de datos fiscales durante la última década llegó incluso a China con la presunta compra y venta de una conservera. También se pone de manifiesto policialmente que, a pesar de las multas que conllevaban las sentencias judiciales que cumplían varios miembros del clan, ninguno las abonaba alegando falta de medios para hacerlo. El sector marisquero protagoniza nuevamente otra rama del vasto procedimiento, que sostiene que María Teresa Charlín cobraría un alquiler a su hermano Manuel por el uso de la depuradora a la sociedad de sus suegros, Mariscos Nine. Aquí son clave las intervenciones telefónicas, que evidencian, según la causa, que Manuel Charlín era el auténtico propietario de Nine. Debido a las discrepancias entre él y su sobrina Natalia Somoza, este abandonó la depuradora de su hermana para constituir Mariscos Baleamar.

Lo que no cuadró fue comprobar que al frente figuraba su hija como única socia, con 18 años y estudiante de arquitectura en A Coruña. Una detalle más que recuerda las formas de un clan que lleva más de 30 años protagonizando causas y sentencias condenatorias contra ellos mismos y su patrimonio. Este año, sin ir más lejos, fueron absueltos de una investigación con 1.700 kilos de coca. Está por ver, en el futuro, si la realidad de la familia sigue superando a la ficción. 

Conservera de los Charlín en China
Conservera de los Charlín en China

Demolida la conservera que se atribuye al clan en China y que intentó vender desde España

Una ciudadana del país asiático residente en Vigo, acusada de reunirse con la familia, sería el enlace con los inquilinos en Qingdao 

Los intereses de la familia Charlín en China retratan sus inquietudes expansionistas. Y todo ello siendo empresarios autodidactas. El sector marítimo volvió a ser el pretexto. La operación Orquesta descubrió que el clan sería propietario de una conservera en China, concretamente en la ciudad de Qingdao (provincia de Shandong) frente a Corea del Sur y bañada por el mar Amarillo. También se constató el interés de la familia por venderla. El precio a pagar serían 2,5 millones de euros. Vigilancia Aduanera y Policía Nacional también comprobaron que la última palabra, en lo referido a los intereses en la República Popular China, la tenía el patriarca. Poco importaba que estuviera en prisión en aquel momento. Sin su aprobación no se cerraba la operación.

En las gestiones participó el abogado Santiago Docampo, considerado testaferro de la familia Charlín al figurar como titular de la sociedad Orco Galaica. La investigación lo ubica amenazando de muerte a las hijas del ciudadano chino al que tendrían arrendada la conservera en Qingdao. Incluso invocando la figura del patriarca del clan para atemorizarle, lo que evidencia que el inquilino sabía ya de cómo se las gastaba el de Vilanova. Pero algo no iba bien del todo, de ahí que para encauzar las negociaciones para la venta de la conservera, viajaron a China en diferentes ocasiones el abogado Santiago Docampo, Manuel Charlín Pomares, María Teresa Charlín Pomares y su hija Natalia Somoza.

Los mismos investigados, ya en sede judicial, negaron tener conocimiento de ninguna conservera en el gigante asiático. De la misma manera que negaron, también en la operación Repesca, cualquier vínculo con cuentas bancarias a su nombre en Suiza que suman casi tres millones de euros. Se encogieron de hombros y lo negaron todo. Sin más. Las pruebas que desmontan esa sospechosa desinformación se localizaron durante registros policiales. Y es que, además de ser intervenidos contratos de arrendamiento de la conservera con la firma de María Teresa Charlín, fueron intervenidos varios carretes fotográficos que, tras su revelado, permitieron localizar físicamente la conservera.

Por concretar

En la actualidad, a través de Internet, se puede observar que dichas instalaciones fueron destruidas en algún momento aún por concretar. La rama china de la investigación incluye otro elemento imprescindible para dimensionar lo elaborado de la presunta trama. Una ciudadana de nacionalidad china, residente en Vigo, actuaría de enlace entre los arrendatarios y los Charlín. Explican en la Agencia Tributaria que constataron dos reuniones entre la familia arousana y la mujer en una cafetería de Vigo. Aún así, y pese a las pruebas y el trabajo policial de calle, los miembros del clan negaron la mayor nuevamente.

Garita de acceso del complejo empresarial, situado en Qingdao, frente a Corea del Sur
Garita de acceso del complejo empresarial, situado en Qingdao, frente a Corea del Sur

El papel de Santiago Docampo, como presidente de Orco Galaica y presunto testaferro, tampoco es baladí. Los investigados habrían puesto de propietario a Docampo cuando, en realidad, la titularidad y dirección la ejercería, desde prisión, Óscar Felipe Charlín Pomares. Pero Docampo, a ojos de los Charlín, empezó a descontrolarse y fue apartado de la sociedad progresivamente. Basta decir que, en esas fechas, fue detenido por su vinculación con un alijo de 800 kilos de cocaína oculto en pescado congelado. El mismo producto que comercializaba su anterior empresa.

El mejillón es otra mercancía, mediante bateas, que también genera actividad mercantil a los investigados. Se señala a Manuel Charlín Pomares por idear un plan para, mediante las amenazas a personas del sector, conseguir la adjudicación de las bateas embargadas a la familia por la Audiencia Nacional. El papel de los testaferros, nuevamente, sería fundamental para hacer realidad dichas pretensiones.

La iniciativa de expandirse no era nueva para el clan arousano. Portugal fue su primer destino al inicio de los años ochenta. El patriarca se instaló en el cinturón industrial de Lisboa y se hizo con una fábrica de conservas llamada Excol, en la localidad de Gambia, en el estuario del río Sado. En la conservera elaboraba, entre otros productos, latas de uno y dos kilos de navajas que exportaba a Francia. Cuando la policía revisó una partida de esas latas, transportada en una furgoneta, encontró hachís dentro de ellas. Así se las gastaba Charlín Gama, y de aquellos polvos, estos lodos.