«La defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de derechos fundamentales», afirma la letrada de Cuixart
12 jun 2019 . Actualizado a las 12:36 h.La defensa de Carme Forcadell ha acusado a la Fiscalía de exagerar, magnificar e inventarse su conducta, lo que demuestra que se la juzga «por quien es» al asegurar que «ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no habló, se han inventado tuits y se han mutilado declaraciones».
En su informe final ante el tribunal del desafío secesionista, la abogada Olga Arderiu ha denunciado el agravio comparativo entre la expresidenta del Parlamento, que está siendo juzgada en el Supremo por rebelión y se le solicitan 17 años de cárcel mientras que sus compañeros de la Mesa serán juzgados por desobediencia en el TSJ de Cataluña.
«No autorizó el referendo, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia y lo que no se nos puede decir es que su papel fundamental es la creación de apariencia de legalidad porque (...) las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre fueron presentadas por los grupos, admitidas a trámite por la Mesa, incluidas en el orden del día y aprobadas por el pleno», ha indicado.
Por ello, ha cargado contra los fiscales que la acusan «por quien es y no por lo que ha hecho», al manifestar que es «la única acusada» que aparece en el escrito del Ministerio Público de la que se nombra su cargo anterior al 2017, cuando era presidenta de la ANC, y también porque, pese a que no se le impute malversación, se le pide más pena que algunos exconsejeros.
Arderiu, que ha presumido del carácter pacífico de su clienta, se ha adherido a los argumentos del resto de las defensas para negar la rebelión porque si «es imposible encajar los hechos en violencia física o intimidatoria, ya no les digo nada de la violencia normativa que no aparece en el Código Penal».
Negada la rebelión, la letrada ha señalado que «en el peor de los casos se puede ver si la conducta se incardina en una desobediencia», un delito que aceptan la mayoría de sus compañeros, aunque ella no lo asume porque, en su opinión, el Tribunal Constitucional ha criminalizado la actuación de la Mesa de la cámara catalana.
Derecho de reunión
Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defendido en su alegato final ante el tribunal que juzga el proceso independentista las manifestaciones, concentraciones y protestas que tuvieron lugar en el otoño del 2017, en el marco de la convocatoria del referendo ilegal del 1 de octubre, y ha defendido que todas esas movilizaciones se enmarcan en el derecho de reunión, llegando a decir que «la defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de los derechos fundamentales».
«En el 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre Cataluña y España y una parte de la ciudadanía respondió a ese conflicto como corresponde a una sociedad democrática, saliendo a la calle para pedir a los políticos que actúen con responsabilidad y afronten el conflicto, y lo hizo sin violencia», ha subrayado Roig.
La letrada, que ha expuesto sus argumentos durante una hora, muy rápidamente y sin casi pararse a tomar aire, ha indicado a los siete magistrados que juzgan el desafío secesionista que con esta exposición no está «minimizando» los hechos ocurridos en el otoño del 2017 en Cataluña, sino «situándolos en su justo término». «Debemos sentirnos orgullosos de la ciudadanía que salió a la calle», ha remarcado.
En la primera parte de su intervención, Roig ha hecho un alegato técnico sobre el derecho de reunión apoyándose en la lectura de varios informes internacionales para reprochar a las acusaciones que entiendan las movilizaciones que tuvieron lugar en Cataluña como protestas de «contenido antidemocrático» y que las «utilicen» como prueba. «La acusación no puede arrogarse la propiedad de la Constitución. No hay Constitución sin democracia y no hay democracia sin movilización ciudadana», ha manifestado.
Ya entrando a valorar los hechos concretos por los que se acusa a Cuixart, su abogada ha asegurado que la Fiscalía ha partido de la «evidencia de que todos los acusados comparten la aspiración del ejercicio de la autodeterminación de Cataluña». Ha recalcado que no hay pruebas suficientes contra el presidente de la asociación y que ni siquiera los documentos que las acusaciones vinculan al proceso independentista, como la hoja de ruta o la agenda Moleskine de Josep María Jové, mano derecha del exvicepresidente Oriol Junqueras, instrumentalizan la movilización ciudadana como insurrección.
Cuixart solo convocó el 20S
La abogada ha señalado que de los «graves incidentes» que a juicio de la Fiscalía ocurrieron el 19 y 20 de septiembre del 2017, «Cuixart convocó y participó única y exclusivamente» en la concentración ante la Consejería de Economía en Barcelona, que está «encardinada y debe estar protegida por el derecho legítimo a la reunión». «Es tan legítima la protesta contra una actuación del Poder Legislativo o Ejecutivo como contra una resolución del Poder Judicial», ha agregado.
Asimismo, ha dicho que el 1 de octubre Cuixart solo animó a los ciudadanos a mantener la «resistencia pacífica» ante la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, a su entender, debe considerarse como «reunión pacífica». En este sentido, ha dicho que si hubo algún incidente entre manifestantes y agentes fue algo «aislado», no compartido por la totalidad de las 2.300.000 personas que acudieron a los colegios electorales, de los cuales «170.000 personas votaron que No a la Independencia» y que todos ellos eran conscientes de que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional.