Las masivas protestas en Hong Kong frenan la ley de extradición a China

El Parlamento pospone la tramitación, mientras la Policía carga contra los cientos de miles manifestantes, en una movilización que supone el mayor desafío a Pekín desde la Revolución de los Paraguas del 2014

Los angentes antidisturbios lanzan gases lacrimógenos contra los congregados en el centro de la ciudad
Los angentes antidisturbios lanzan gases lacrimógenos contra los congregados en el centro de la ciudad

Pekín / E. La voz

La Policía de Hong Kong desalojó con pelotas de goma y gases lacrimógenos las decenas de miles de manifestantes que han bloqueado los accesos a la sede del Parlamento, paralizando la ciudad y obligando a posponer el debate previsto para esta mañana sobre la controvertida ley de extradición a China, en el mayor desafío a Pekín desde la Revolución de los Paraguas en el 2014

A pesar del blindaje policial, los manifestantes han conseguido impedir la entrada a la sede del Consejo Legislativo (Legco), el Parlamento regional. De momento el debate se ha aplazado sin anunciar una fecha alternativa.

Los organizadores de la protesta, el Frente de Derechos Humanos Civiles (CHRF), por boca de su portavoz, Jimmy Sham, han advertido que no abandonarán las calles hasta que el gobierno rectifique y se retire el proyecto de ley. Dirigiéndose a la multitud ha asegurado que solo una persona, la jefa del ejecutivo Carrie Lam, puede disolver a los manifestantes.

De momento la movilización ciudadana se ha apuntado una pequeña victoria ante la voluntad del Gobierno de Hong Kong de aprobar la ley que permitirá la extradición a China de presuntos delincuentes para ser juzgados bajo sus leyes.

El llamamiento a la huelga general y la abundante afluencia de manifestantes que han bloqueado los accesos han colapsado el centro administrativo de la ciudad. Las imágenes recuerdan la Revolución de los Paraguas,  que ocupó el centro financiero durante más de dos meses.

Pero existen importantes diferencias, en aquella ocasión era un movimiento impulsado por estudiantes que exigían elecciones democráticas, ahora es un movimiento mucho más unitario y transversal. La oposición parlamentaria encabezada por el Partido Laborista, junto a grupos prodemocracia no están solos en su rechazo a la ley. Se ha sumado una amplia representación de la sociedad civil y del mundo de los negocios. Colectivos de abogados y jueces han mostrado su preocupación por una ley que puede recortar los derechos en Hong Kong. Varias cámaras de comercio y asociaciones empresariales también han mostrado su preocupación por un futuro donde el estado de derecho no esté garantizado. Es un riesgo para las inversiones.

También se ha podido constatar otro cambio respecto a la situación del 2014. En esta ocasión, parece que ni la policía ni los manifestantes están dispuestos a evitar los enfrentamientos violentos.

El gran despliegue de la policía no ha evitado la ocupación del centro, pero no ha dudado en actuar desde el primer momento de forma contundente contra los manifestantes empleando cañones de agua, gas picante y otro material antidisturbios. Entre los manifestantes también se han detectado grupos radicales que han provocado enfrentamientos violentos. Imágenes de la televisión de Hong Kong han mostrado a pequeños grupos haciendo acopio de ladrillos durante la mañana.

La Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA, por sus siglas en inglés) ha denunciado que la policía ha intentado impedir que hagan su trabajo impidiendo el acceso a zonas donde se han producido enfrentamientos.

La radical defensa de la ley de la jefa del Gobierno, Carrie Lam, que se ha comprometido a aprobar el proyecto sin negociar alternativas parece que ha estimulado las protestas. En las concentraciones se ha coreado repetidamente consignas de «Carrie dimisión».

El pasado domingo Hong Kong vivió la mayor manifestación de protesta desde 1997, cuando el territorio fue devuelto a la soberanía china bajo la política de «un país dos sistemas», que garantiza las libertades y el sistema judicial durante 50 años.

La masiva manifestación del domingo, más de un millón de personas según los organizadores, no ha hecho dudar a la jefa del Gobierno que tiene mayoría en el Parlamento para sacar adelante el proyecto de ley.

Carrie Lam defiende que el proyecto de ley contempla un vacío legal y evitará que Hong Kong se convierta en un refugio de delincuentes. La nueva ley permitirá que la jefatura del gobierno y los tribunales de Hong Kong tramiten solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos bilaterales -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa. Es decir que China podrá juzgar bajo sus leyes a nativos y residentes en Hong Kong.

Lam ha prometido salvedades para evitar la extradición por delitos ideológicos o religiosos, pero no ha convencido a los críticos que denuncian la falta de garantías del sistema judicial chino. En China no hay una verdadera separación de poderes, los sospechosos pueden permanecer hasta seis meses detenidos sin acceso a abogado y las confesiones públicas, retransmitidas por la televisión, antes de celebrar el juicio son habituales.

El mundo empresarial denuncia que la ley será un torpedo en la línea de flotación del actual sistema de separación de poderes y transparencia que tiene la excolonia. Cualquier empresario que «moleste» a Pekín podría ser extraditado por un supuesto delito y juzgado sin garantías en el continente.

China defiende el proyecto de ley y desde la prensa oficial se insiste en que la protesta está orquestada por grupos extremistas que actúan bajo «la interferencia de fuerzas extranjeras, particularmente Estados Unidos». Insisten en que dañan la estabilidad de Hong Kong.

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