Podemos tilda de «locura» y Bildu de «aberración jurídica» la pena a los agresores de dos guardias civiles en Alsasua
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El PSN entiende que «no es un caso de terrorismo, pero tampoco una mera pelea de bar»
10 oct 2019 . Actualizado a las 12:02 h.Los partidos navarros se mueven entre el «respeto» a las resoluciones judiciales y la denuncia de la «desproporción» de las penas impuestas en su análisis de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.
En declaraciones a los periodistas antes del pleno del Parlamento, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza ha mostrado «respeto» por la sentencia que, según ha señalado, «demuestra que no fue una pelea de bar», un hecho que, ha considerado, «es compartido por parte de la sociedad navarra». En la misma línea, el socialista Ramón Alzorriz ha expresado su «respeto» a la sentencia y ha evitado dar valoraciones políticas, aunque entiende que «no es un caso de terrorismo, pero tampoco una mera pelea de bar».
Para Geroa Bai ha quedado «reconocido que no se trata de un caso de terrorismo», ha asegurado Uxue Barkos, quien ha criticado que «la pena relacione el Código Penal con el código postal» de los juzgados porque el caso arrancó con un «componente que superaba lo judicial».
Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha señalado que, con esta sentencia, «se confirma la aberración jurídica», puesto que, a su juicio, se trata de «un castigo ejemplarizante, que no dejaba lugar a la esperanza» y ha vaticinado que «dentro de unos años Europa dará un nuevo tirón de orejas a la Justicia española por aplicar una justicia que no es justa».
Desde Podemos- Ahal Dugu, su portavoz Mikel Buil, ha tildado la sentencia de «locura» y ha valorado que esta última sentencia desmonta «el montaje político», a pesar de que «las penas se han mantenido”. También ha señalado que «ha quedado acreditado que no hay terrorismo, ni hay delito de odio».
Para Izquierda-Ezkerra la sentencia es «lamentable», aunque se «disminuyan las penas», ha declarado Marisa de Simón, quien ha considerado que es «una imposición desproporcionada» y ha calificado el procedimiento como un despropósito desde el inicio, desde que se envió el caso a la Audiencia Nacional.
