El Gobierno sopesa eliminar o reducir la bonificación de los planes de pensiones

Estudia obligar a tributar por la sanidad y la educación privada, ahora exentas, y pasar productos del IVA reducido al tipo general


La letra pequeña del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, a punto de ver la luz, podría incluir cambios en la fiscalidad de los planes de pensiones y una modificación sustancial de otras figuras tributarias, según adelantó ayer el diario Expansión y confirmó luego la agencia Europa Press en fuentes próximas a la negociación.

En concreto, el equipo que está elaborando el borrador de las cuentas públicas (liderado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y, por parte de Podemos, por el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez) está estudiando la posibilidad de reducir, o incluso eliminar por completo, las bonificaciones en el IRPF por las aportaciones a planes de pensiones individuales.

Una idea que ya puso en la mesa en los últimos meses el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y que recoge la recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En un estudio difundido el pasado mes de julio, el organismo fiscalizador concluye que el actual diseño del incentivo a los planes de pensiones no cumple con el objetivo de estimular el ahorro a largo plazo y beneficia principalmente a las rentas más altas. En concreto, el informe apuntaba a que casi seis de cada diez partícipes aportan menos de mil euros al año a ese fondo para el retiro (el máximo está en 8.000 euros anuales), y que de los casi 1.643 millones que dejaba de ingresar el erario por el diferimiento de la tributación, dos de cada tres euros se los llevan el 10 % con más renta, apenas 250.000 personas de los 2,5 millones que incluyen su plan en la declaración de la renta.

En una de sus primeras comparecencias en el Congreso, antes de la pandemia, Escrivá ya anunció su intención de «desplazar» esos incentivos de los planes individuales a los de empresa, una figura casi residual en España (salvo en el País Vasco), pero que generan más rentabilidad (un 4 % de media en los últimos diez años, frente al 2,5 % de los personales), son más baratos (la comisión media es del 0,3 %, una cuarta parte que en los individuales) y protegen más a los trabajadores con rentas medias y bajas, que son los que más necesitan complementar su pensión pública.

Otra de las recomendaciones de la AIReF que el Ejecutivo sopesa incluir en los Presupuestos tiene pasaría por reformar el actual sistema de tipos reducidos del IVA y eliminar ciertas exenciones para aumentar la recaudación. En concreto, sobre la mesa está la posibilidad de obligar a tributar por los servicios de sanidad y educación privadas, que actualmente disfrutan de un tipo cero, lo que supone una pérdida de ingresos para el erario de 3.457 millones de euros al año (1.763 por la sanidad y los otros 1.694 por la educación). Sin embargo, la propia AIReF advertía en su estudio que con esta medida el Gobierno podría acabar haciendo un pan como unas tortas, pues esos recursos obtenidos en concepto de IVA podrían no ser suficientes para asumir el sobrecoste para el sistema público, que tendrían que atender a muchos de los actuales usuarios de los servicios privados.

Destrucción de empleo

En esa misma línea, la CEOE remarca que eliminar la exención «incidiría muy negativamente en la demanda de servicios de sanidad y educación privados por parte de los consumidores, más aún en un entorno de recesión económica como el actual; y llevaría a una segura destrucción de empresas y empleo», además de «atentar contra el derecho fundamental a la libertad de elección».

Modificar la lista de productos con IVA reducido o gravar la comida basura, otras ideas sobre la mesa

Pero si hay un agujero de recaudación que drena cada año miles de millones de euros de recursos públicos (casi 17.800), ese es el sistema de tipos reducidos del IVA. Lo ha señalado incluso la Comisión Europea, que este año advertía de que España tiene una recaudación baja en este impuesto por el uso generalizado de tipos reducido (4 %) y superreducido (10 %), ya que el general (21 %) está en línea con la media europea. Algo similar plantea la AIReF, que si bien reconoce que sí cumplen su objetivo —facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad—, no lo hacen de un modo eficiente desde el punto de vista distributivo, ya que favorecen más a las rentas altas, que son las que más consumen.

Por eso, el Gobierno se plantea también modificar la distribución actual de la lista de productos que disfrutan de esos tipos más bajos, que podrían subir un escalón (en el caso de los que ahora tributan al 4 %) o pasar al tipo general del 21 %. Alimentos, medicamentos, entradas a espectáculos culturales o deportivos, vivienda, flores y plantas e incluso un sector clave para la economía española y muy castigado por la pandemia, como la hostelería, están entre los que podrían ser revisados. Aunque la delicada situación de la economía obligará a ser muy cuidadoso en el diseño de esos cambios.

En ese sentido, una de las ideas que se barajan es subir el IVA de la comida basura, como ultraprocesados, al tipo general del 21 %. Hace años, el exministro Montoro ya planteó un impuesto específico sobre las bebidas azucaradas, que finalmente no vio la luz.

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