El Gobierno extenderá hasta el 31 de marzo las moratorias sobre los préstamos

Las familias con hipotecas o créditos al consumo podrán volver a solicitar el aplazamiento


Redacción

La tercera ola de la pandemia vuelve a poner a prueba a empresas, trabajadores y familias. A la espera de conocer el desenlace de las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para pactar la nueva prórroga de los ERTE, de los que viven pendientes más de 700.000 trabajadores, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado este lunes que las familias más afectadas por la pandemia podrán volver a pedir una tregua en el pago de sus hipotecas y créditos al consumo. 

«Aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo en línea con el marco europeo recientemente aprobado», dijo Calviño en declaraciones a la prensa por videoconferencia, recogidas por Efe.

Según las cifras oficiales, hasta el momento han sido alrededor de 600.000 las personas que se han beneficiado de esta medida para evitar pagar los préstamos al menos durante tres meses. El plazo se había extendido hasta septiembre y se podrían acoger a él quienes hubieran perdido sus empleos durante la pandemia o quienes hubieran sufrido una caída dramática de sus ingresos. 

Requisitos

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, a finales de noviembre los bancos españoles habían concedido algo más de 1,38 millones de moratorias, tanto para créditos hipotecarios como de consumo. La cifra contrasta con las 600.000 familias que lo hicieron vía «moratorias legislativas». 

¿Cuáles son los criterios para solicitar el aplazamiento de los pagos? Los deudores en situación de vulnerabilidad a causa de las restricciones impuestas para contener los contagios deberán demostrar que la hipoteca es sobre una vivienda habitual, un local para el desarrollo de la actividad autónoma o sobre un inmueble alquilado (propietarios que sufren impagos de alquiler). El peso de la hipoteca deber haberse multiplicado por 1,3 con el deterioro de la economía familiar. Si se da ese supuesto, tendrá que acreditar también que ha perdido el empleo por la pandemia. En el caso de los autónomos o empresarios, deberán demostrar que han sufrido una merma importante de los ingresos por la caída de las ventas o el cierre del sector. Aún así, la Administración vigilará la renta de la unidad familiar porque los ingresos no podrán superar ciertos umbrales. Si supera en tres veces el IPREM  en general (1.613,52 euros al mes), se denegará. La cuantía asciende a los 2.151,36 euros al mes si hay un miembro con discapacidad de más del 33 %, un dependiente o alguien incapacitado para trabajar. En el caso más extremo (familias donde algunos de sus miembros tengan graves discapacidades) la el umbral de ingresos se eleva hasta los 2.689,20 euros al mes. Además, el gasto en facturas y suministros básicos debe superar el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

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