Tirar 90.000 kilos de pescado puede costarle un millón de euros a España
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Permitió capturarlos e impide venderlos, y la flota documenta una demanda judicial por daños contra el Estado
02 mar 2021 . Actualizado a las 08:58 h.«Estudiando alternativas xurídicas e documentando e cuantificando os daños patrimoniais» directos e indirectos. En esa fase está la demanda judicial que preparan espaderos de A Mariña contra el Estado, explica desde Burela Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Lugo. Pendiente de concretar, estiman en alrededor de «un millón de euros» las pérdidas y costes que les acarreará una situación «insólita na que a Administración escurre o bulto porque non lexisla». Es el dinero que le reclamarán al Estado español si persiste en prohibirles comercializar 90.000 kilos de pescado que les permitieron capturar.
Son de marrajo dientuso, Isurus oxyrinchus, y solo les queda tirarlos, aunque incluso podrían obligarles a destruirlos y a correr con los gastos, o regalarlos. Guardan en congeladores, con los consiguientes costes de almacenamiento, alimentos que en el mercado se cotizan a una media de unos cinco euros el kilo, más las aletas, que cotizan bastante más alto. Cada mes que pasa, pierden valor y privan de ingresos a empresas y familias que invirtieron en capturarlos.
Rocambolesco enredo
Un rocambolesco enredo que los pescadores denuncian desde hace meses, exigiendo soluciones al Gobierno nacional. También las reclama la Consellería do Mar, pero, de momento, al menos públicamente, el silencio es la única respuesta de los dos ministerios directamente implicados, el de Pesca, que preside Luis Planas, y el de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera.
Todo comienza cuando, en base a criterios científicos, el ICCAT (siglas, en inglés, de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) reparte las cuotas de marrajo dientuso en el Atlántico Norte. A España le asignan unos 940.000 kilos para el 2020, el tope que Pesca les marca a los alrededor de cien palangreros de superficie que faenan en esas aguas. La mayoría son gallegos y tienen base en puertos como Burela, Celeiro, Marín, Vigo y A Guarda.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, en sus siglas en inglés) decide reforzar los controles del comercio internacional del dientuso. Sin prohibir capturarlo, subraya Sergio López, «e en contra do criterio técnico dos expertos de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) e da propia secretaría técnica do CITES».
Ese acuerdo de agosto del 2019 significa que los palangreros deben comercializar esa especie de marrajo con un certificado de la Secretaría de Estado de Comercio, que a su vez los expide ateniéndose a los criterios del ministerio de Ribera. Aunque a la flota le permitían capturar casi el triple, solo autoriza la comercialización de 350.000 kilos en los mercados internacionales.
Veto comercial, no biológico
El dientuso es una especie accesoria de los palangreros de superficie, que principalmente viven del pez espada y de la tintorera. Transición Ecológica continúa imponiendo su opinión sobre la del ICCAT, el organismo internacional que vela por la gestión sostenible de los grandes migradores y al que se ciñe el ministerio de Planas, que públicamente no ha dicho nada sobre las evidentes divergencias con el de Ribera.
Mientras, desde julio del año pasado la flota española ha ido acumulando 90.000 kilos de ese tipo de marrajo, perdiendo ingresos con los que contaba y sumando gastos para no desperdiciar ese alimento. Siete meses después, el pescado sigue bloqueado, sin salida, por un veto comercial, no biológico, recalcan pescadores enojados y desconcertados. «Se non podemos vender peixes que capturamos legalmente, xa morreron e o seu destino lóxico é o consumo humano, están matando á flota», lamenta Sergio López.
Oenegés ambientalistas reciben con aplausos el veto comercial a parte del dientuso que capturan los palangreros gallegos, que son mayoría entre los españoles. No es biológico y, por tanto, no se prohíbe pescarlo, aspectos en los que incide el gerente de la OPP de Lugo, convencido de que, en general, la reacción ecologista obedece «o descoñecemento dos recursos desa especie; parecen defender intereses de multinacionais que queren apropiarse do medio mariño».
