Bruselas urge a España a la renovación del Consejo General del Poder Judicial
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Bruselas habla de «preocupaciones» sobre la independencia de la Fiscalía del Gobierno
20 jul 2021 . Actualizado a las 16:23 h.El bloqueo en la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial por la contienda política; las suspicacias que existen sobre la independencia de la Fiscalía del Gobierno o el número limitado de magistrados son algunos de los «desafíos» a los que se enfrenta el sistema judicial español, según el informe sobre el Estado de Derecho que ha dado a conocer este martes la Comisión Europea.
El texto arranca con el bloqueo del Consejo del Poder Judicial «ante la falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar varios órganos constitucionales». En este sentido se define como hecho positivo» la retirada de la propuesta de reforma del sistema para la selección de sus miembros acordada en su momento por los socios de Gobierno y que «habría aumentado la percepción del consejo como vulnerable a la politización». En este contexto, la Comisión recuerda que hizo un llamamiento «para establecer un sistema de elección del consejo por sus pares de acuerdo con las normas europeas. Es importante que se tengan en cuenta las normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas pertinentes», se remarca.
También se expresan preocupaciones sobre la competencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de los cargos de alto nivel, así como el régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales. «Se han adoptado o se prevén diversas medidas para mejorar la calidad de la Justicia, como las revisiones del sistema de asistencia letrada y del Código de Procedimiento Penal, así como tres proyectos de ley sobre eficiencia procesal, organizativa y digital. La digitalización de la Justicia avanza», añade un informe que resalta además los «esfuerzos para abordar retrasos como la creación de nuevos tribunales, pero el bajo número de jueces por habitante es un desafío. Se han reiterado preocupaciones en relación con la autonomía de la fiscalía respecto del Gobierno».
En lo que se refiere a la corrupción, el Ejecutivo de Bruselas entiende que se continúa «mejorando el marco institucional y legal» para prevenirla y combatirla. Las medidas anticorrupción siguen una línea de acción estratégica, pero sin una pauta específica para abordarla de manera integral», señala el texto. En este punto se apunta a que las autoridades fiscales señalan que la falta de recursos adecuados «afecta la velocidad de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción, incluidos los casos de corrupción de alto nivel».