El Congreso suspende en transparencia por los viajes sin control de sus diputados

Sin transparencia, ni control externo. Los diputados siguen cargando al Congreso sus desplazamientos sin ninguna justificación pública. En los último seis años sus señorías han gastado más de veinte millones de euros para viajar a lo largo y ancho del país sin que se conozca el coste de cada desplazamiento ni por qué se realizó. Sin contar con las salidas internacionales, se han dejado en total 24.077.412 euros desde el 2015 entre actividades parlamentarias, políticas y oficiales, según la propia clasificación de la Cámara baja. Una media de 1,3 millones de euros cada tres meses.

Fue a raíz del escándalo del expresidente extremeño, José Antonio Monago, que viajó en un año y medio 16 veces como senador a Canarias, donde vivía su pareja, cuando las mesas del Congreso y el Senado aprobaron una resolución en la que se comprometieron a publicar cada trimestre el gasto que destinan en viajes. Pero de forma global, sin individualizar ni por grupos ni mucho menos por parlamentario. «Lo que garantizamos es que el dinero público se gasta correctamente», defendió el entonces presidente del Congreso, Jesús Posada.

Lo que sí se acordó es que a partir de ese momento los diputados tendrían que justificar ante sus grupos parlamentarios el motivo de sus desplazamientos a otras circunscripciones y, de no contar con su aval en el plazo de 15 días, estarían obligados a reembolsar la cantidad a pagar. Ahora bien, esos datos son reservados. Desvelarlos, arguye la Mesa de la Cámara, afecta a la «intimidad» de los parlamentarios, incluso «a su seguridad».

Entre enero y marzo de este año, el gasto total en desplazamientos nacionales asciende a 746.684 euros, apenas un 12% de los 6,2 millones que el Congreso tiene presupuestado en sus cuentas del 2021 para viajes.

De esa cantidad, cinco millones están destinados a sufragar el «transporte de los diputados en medios colectivos», que la Cámara Baja paga directamente a las empresas; 1,1 millones se utilizan para las tarjetas de taxi a las que tiene derecho cada parlamentario -con un límite de 3.000 euros anuales-; y otros 140.000 euros están destinados para los gastos derivados en aparcamientos.

El 2020, el año más austero

Pese a lo abultado de la cifra, en comparación con el mismo período del 2020, cuando el Congreso pagó 970.342 euros, el gasto en viajes ha caído un 23 %. Y eso que, a mediados de marzo del año pasado, la actividad parlamentaria ordinaria se paralizó tras el estallido de la pandemia y la declaración del estado de alarma. Con los ciudadanos recluidos en sus casas, el Palacio de la Carrera de San Jerónimo reabrió sus puertas en abril entre severas restricciones por las que apenas un puñado de diputados tenían permitida su asistencia a los plenos.

Durante el año pasado, el Congreso redujo a la mitad su factura total en viajes nacionales, en comparación con el año 2018, el último de funcionamiento ordinario. Desembolsó 2.604.987 euros frente a los 5.019.068 de euros, que hizo dos años antes. Igual de austero fue el 2019. Tras las generales de abril y la repetición electoral de noviembre, las Cortes apenas tuvieron actividad -estuvieron disueltas más de medio año-. Aún así se gastaron 2.974.206 euros en desplazamientos parlamentarios. Una cantidad ligeramente inferior, en todo caso, a la del año 2016 cuando el Congreso destinó 3.755.962 de euros al mismo fin pese a que la actividad también se vio limitada por la repetición electoral de junio.

En el 2017, con la Cámara Baja funcionando a pleno rendimiento el desembolso por los desplazamientos de los 350 diputados ascendió a los 4.574.027 de euros, un 22 % más, mientras que en 2015 el gasto fue de 4.402.478 de euros.

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