El Gobierno modifica los estatutos de RTVE para dar más poder a la presidenta interina
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El PP cree que esta maniobra constituye «un asalto a la televisión y la radio públicas» y se suma a la «ocupación» de otras instituciones por parte de la Moncloa, como el CIS o el CNI
19 oct 2022 . Actualizado a las 16:49 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación de los estatutos sociales de Radiotelevisión Española (RTVE) para dotar a la nueva presidenta interina de la corporación, Elena Sánchez, de más poderes para desempeñar su cargo. Con la modificación aprobada mediante real decreto, Sánchez tendrá unas competencias que no podría haber asumido con la redacción anterior de los estatutos. Fuentes del Gobierno explicaron a Efe que era necesario dar este paso para facilitar la gestión de RTVE y para que no se vea «con las manos atadas» hasta que el Parlamento elija a un nuevo presidente de RTVE.
Este cambio en los estatutos de la corporación se produce una semana después de que Elena Sánchez fuera elegida presidenta interina tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, que el pasado 26 de septiembre anunciaba su renuncia al entender que ya no se daban los factores para sostener la viabilidad de su proyecto. Desde la oposición se criticó que la renuncia de Tornero había sido forzada por el Gobierno para tomar el control de la radio y la televisión públicas.
Poco antes de que se confirmara que se había aprobado la modificación de los estatutos sociales de RTVE, la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, había advertido de que sería «un auténtico escándalo» que se llevara a cabo esta «maniobra».
A su juicio, el Gobierno está protagonizando «un asalto a la televisión y la radio públicas». «Primero, impulsando la dimisión de quien presidía el consejo de administración, segundo nombrando a una persona con carácter interino, y un tercer paso dotándola de capacidad ejecutiva como si hubiera sido elegida por el Congreso», añadió. Para la portavoz popular, esta actuación se suma a la «ocupación» de otras instituciones por parte del Gobierno, como el CIS o el CNI.