PSOE, Podemos y sus aliados nacionalistas liquidan la sedición y recortan sus penas

Luís Pousa Rodríguez
Luís Pousa REDACCIÓN / LA VOZ

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Sánchez asegura que el Estado todavía puede protegerse con el artículo 155 y el PP acusa al Gobierno de confeccionar una reforma legal «al dictado de Junqueras»

26 nov 2022 . Actualizado a las 12:12 h.

La sedición empezó a despedirse este jueves del Código Penal con los votos a favor del PSOE y Unidas Podemos, de sus aliados nacionalistas de Esquerra, PNV y EH Bildu y de las formaciones minoritarias del llamado bloque de la investidura. 187 diputados dieron así luz verde en el Congreso al primer trámite de la reforma legal que derogará la sedición para sustituirla por un delito de «desórdenes públicos agravados». La rebaja de penas que conlleva este retoque legislativo recortará la horquilla de 10 a 15 años de cárcel con la que se castiga ahora la sedición a un nuevo plazo de 3 a 5 años de prisión, mientras que el período de inhabilitación se reducirá de los 10 a 15 años de la ley actual a un intervalo de 6 a 8 años. Un tijeretazo del que se beneficiarán directamente los condenados por el Supremo por el proceso secesionista del 2017. Es el caso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, sobre quien, más allá del indulto del Gobierno, todavía pesa una inhabilitación de trece años para ocupar cargos públicos.

Instrumentos para defenderse

No intervino en el debate para defender la propuesta del PSOE y Unidas Podemos, pero horas antes, en la puerta del Congreso, Pedro Sánchez argumentó que, tras la remodelación, el Estado de derecho «continuará teniendo herramientas para defenderse». El jefe del Ejecutivo reiteró su tesis de que la iniciativa pretende homologar el código español a la legislación de la Unión Europea y apaciguar los ánimos políticos en Cataluña. «Tenemos que extraer lecciones de lo que nos ocurrió en el 2017. La política tiene instrumentos, el diálogo y el reencuentro. La Constitución cuenta con un instrumento que es el artículo 155 ante cualquier intento de violentar el orden constitucional y la integridad territorial, como se produjo bajo la administración del PP», se defendió Sánchez al ataque. Sobre un hipotético cambio del delito de malversación, el presidente echó balones fuera. «Eso ahora corresponde a la tramitación parlamentaria», despejó.

A petición del PP, que aspiraba a «retratar» así a los parlamentarios socialistas de territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha o Aragón, donde los guiños al separatismo catalán no multiplican las papeletas del PSOE en las urnas, la votación de la propuesta se hizo de forma nominal y por llamamiento de cada uno de los diputados presentes en la Cámara, un formato habitualmente reservado a la sesión de investidura.

La disciplina se cumplió a rajatabla. No hubo sorpresas —salvo el sí telemático de Juan José Aizcorbe, de Vox— y los dos bloques se ciñeron al guion. Frente a los 187 votos a favor de la liquidación de la sedición se plantaron los155 diputados que sumaron entre el PP, Vox, Ciudadanos y las fuerzas minoritarias de las derechas regionalistas. También hubo seis abstenciones.

Desde el PP arremetieron contra el Gobierno por confeccionar un retoque legal «a la carta» para suprimir un delito «a petición de los mismos que lo habían cometido». Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, definió la reforma como «una derogación al dictado de Junqueras y a la medida de los independentistas», mientras que Alberto Núñez Feijoo, desde un acto del PP en Badajoz, acusó a Pedro Sánchez de «abdicar de sus obligaciones» para dejar que «manden» ERC y Bildu, «dos partidos a los que España les importa un comino».

Borran del diario de sesiones las acusaciones de UP y del BNG de «monarquía corrupta»

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ,que sustituía en ese momento a Meritxell Batet en la presidencia de la Cámara, reprendió ayer al diputado del BNG, Néstor Rego, y al presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, por vincular a la monarquía con la corrupción, y ordenó suprimir esas alusiones del Diario de Sesiones.

Durante su intervención en el debate sobre la partida presupuestaria prevista para la Casa del Rey en las cuentas del 2023, el diputado del Bloque calificó en varios momentos a la monarquía de «anacrónica y corrupta», lo que llevó a Gómez de Celis a llamarle la atención hasta en dos ocasiones y a advertirle de que, si lo tenía que hacer una tercera vez, le retiraría el uso de la palabra. «Diga lo que quiera, pero sin insultar a una institución del Estado», aconsejó el vicepresidente de la Cámara a Rego.

Pero el diputado del Bloque insistió y, antes de dejar la tribuna, utilizó la reprimenda de quien en ese momento ejercía como presidente del Congreso para denostar la actitud «antidemocrática» que, a su juicio, lleva al PSOE a seguir sosteniendo a la Corona y a aliarse con Vox y el PP para impedir que el Congreso pueda investigar los escándalos vinculados al rey emérito Juan Carlos I.

Segundo rifirrafe

Un rifirrafe similar se produjo durante la intervención del líder de los comunes y presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien subrayó que el Tribunal Supremo ha establecido que «el derecho al honor es de la personas, no de las instituciones». «Nadie duda a estas alturas de que la corrupción forma parte del ADN de la monarquía», aseguró, ganándose otro aviso del vicepresidente del Congreso, quien también ordenó eliminar esas alusiones del acta parlamentaria.

Foto de archivo de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, quien se pronunció a favor de rebajar el IVA al pescado, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la UE lo impide

Sánchez aprueba sus terceros Presupuestos

Gonzalo Bareño

Los Presupuestos Generales del Estado fueron aprobados este jueves en el Congreso. Se trata de las terceras cuentas públicas que saca adelante el Gobierno de coalición y con toda seguridad serán las últimas de la legislatura, ya que en el año 2023 se celebrarán las elecciones generales. Los Presupuestos fueron aprobados con el voto a favor del PSOE (120), Unidas Podemos (33), ERC (13) PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1), una exdiputada de UP y el Partido Regionalista de Cantabria (1), sumando en total entre 187 y 188 votos a favor en función de las diferentes secciones.

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