Sanidad pagará pruebas y operaciones en la privada si sus hospitales exceden las esperas máximas

La Voz / S.D.M. REDACCIÓN

ASTURIAS

XOÁN A. SOLER

El nuevo decreto de garantías del Sespa establece dos meses para los exámenes diagnósticas con mayor impacto en la salud y seis meses para varias intervenciones

02 jun 2016 . Actualizado a las 11:55 h.

El Gobierno del Principado se pone deberes sanitarios. Establece esperas máximas en pruebas diagnósticas, intervenciones y consultas y si no cumple, en el caso de las dos primeras, pagará a los pacientes su paso a la privada. Así queda recogido en el decreto de garantías de acceso a la atención sanitaria que está en fase de elaboración. El Ejecutivo acaba de presentar las líneas maestras del documento que comenzará a tramitarse en este mes de junio, con el objetivo de que entre en vigor antes de que concluya el año. La Administración cree que tiene músculo suficiente para reducir las esperas y cumplir los plazos, tras la modernización de sus instalaciones hospitalarias, por lo que no prevé una fuga de pacientes ni un incremento del gasto. «No se producirá un trasvase directo de recursos a la sanidad privada», insiste. Está convencida de que podrá cumplir. En concreto, el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria fija dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis meses para varias intervenciones quirúrgicas.

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El borrador entra ya en el detalles. Las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán hacerse en un plazo tope de dos meses. Las intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), las operaciones de cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, como mucho, en 180 días. Transcurrido ese periodo, el paciente que todavía no haya sido atendido, previa autorización del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), podrá acudir a cualquier otro centro sanitario (público o privado) y la sanidad pública tendrá que asumir los gastos, en las condiciones que se determinen. Se establece solo una salvedad, que la asistencia fuera del servicio público de salud no podrá ser prestada por profesionales que también estén en el Sespa. Esta medida pretende evitar suspicacias y también la picaresca.

Al margen del decreto de garantías, se adoptarán las medidas organizativas en las ocnsultas especializadas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general, digestivo y cardiología. En estos casos no se establecen garantías fuera de la sanidad pública porque todas las pruebas previas a un diagnóstico tienen que estar solicitadas por un profesional del Sespa y realizadas dentro del sistema público, por lo que no tiene demasiado sentido que esa primera consulta sea en la privada, ya que no adelantaría nadie. La administración explica que esta decisión «pretende limitar las derivaciones a la sanidad privada a aquellas imprescindibles para dar un servicio de calidad a los pacientes». No obstante, para asegurar esos dos meses de plazo máximo, el Sespa dará prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad. También ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas desde el Servicio de Atención al Ciudadano.