El PP y Podemos denuncian que la Sindicatura opera con atajos ilegales

Venta advierte de que el organismo desoye las sentencias del TSJA. La formación morada pedirá su destitución

Avelino Viejo
Avelino Viejo

Redacción

Los dos principales grupos de la oposición, PP y Podemos, han cargado con dureza contra el Síndico Mayor, Avelino Viejo, al que acusan de utilizar el órgano fiscalizador como «su propio chiringuito particular» al convocar un concurso para la provisión de cinco puestos de trabajo que los tribunales consideran ilegal. Podemos ha pedido su destitución si no cumple las sentencias del TSJA.

El diputado popular Luis Venta señala que la Sindicatura «no puede ni debe ser gobernada al capricho de una persona, ni mucho menos vulnerando las normas y las sentencias judiciales, y esto es lo que precisamente está pasando».

El parlamentario recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló en reiteradas sentencias «concursos amañados, organizados por el Síndico mayor, que dirige la entidad que fiscaliza la contratación en todos los organismo públicos y en la Administración del Principado».

Así, incide en que el TSJA sentenció el pasado 7 de marzo que tiene que volver a reiniciarse el citado concurso, «y se lo vuelve a decir en un auto del 10 de noviembre».

Ante esta situación, afirma el diputado popular, la Sindicatura «ha recurrido a un atajo ilegal para incumplir las sentencias judiciales» que le obligaban a readmitir a las personas que por un «capricho» del Síndico mayor no están en sus puestos de trabajo «y a pagar las costas de todas estas sentencias judiciales, que vamos a tener que asumir todos los asturianos».

Asimismo, señala las sentencias recogen que hay que abonar nóminas a los trabajadores despedidos de la Sindicatura por lo que el PP pedirá la comparecencia de Viejo ante la Junta General para que dé explicaciones ante el Parlamento del que depende.

«No se puede consentir que quien está al frente del gallinero sea quien roba las gallinas, es decir, quien está al frente de un órgano fiscalizador de la provisión de los puestos de trabajo en las empresas y organismos públicos del Principado, lejos de dar ejemplo sea el primero en incumplir las normas y las sentencias», añade.

Podemos ha anunciado también que pedirá la destitución de Avelino Viejo como Síndico Mayor si no acata la sentencia del TSJA restituyendo a los interinos despedidos en el órgano fiscalizador tras un concurso «ilegal».

La formación exige que la Sindicatura de Cuentas convoque un nuevo concurso en el que para la provisión de los puestos de trabajo se tengan en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad.

«No contribuiremos a convertir la Sindicatura de Cuentas en un órgano que se limita a dar barniz protector a una administración que ni gestiona bien ni gestiona conforme a la legalidad», añaden.

A su juicio, que la Sindicatura incumpla sentencias judiciales y trate de «burlar la ley» sitúa a su responsable «en una posición insostenible, ética y políticamente» y al Parlamento «en la obligación ética y política de preservar el buen nombre del órgano fiscalizador y de la propia institución parlamentaria destituyendo a quien está al frente del mismo».

El pasado 7 de marzo el TSJA anuló el concurso de méritos para la provisión de cinco puestos de técnicos de auditoría y el cese de los funcionarios interinos que ocupaban dos de esos puestos y que fueron destituidos a consecuencia de ese concurso.

Posteriormente, Viejo afirmó en una comparecencia parlamentaria que los servicios jurídicos de la Sindicatura estaban estudiando dicha sentencia, que señalaba que se había utilizado injustificadamente una modalidad excepcional del concurso de méritos denominada «concurso específico», que comporta la presentación de memorias y entrevistas decisivas para hacer la selección.

Podemos señala además que la resolución del Síndico Mayor publicada en el BOPA del pasado 29 de noviembre para cubrir dichos puestos suponía «un atajo fraudulento para no hacer una nueva convocatoria del concurso de méritos anulado».

Además, incide en que la Sindicatura añadía un párrafo con una definición del perfil de los puestos de técnicos de auditoría para eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJA con lo que se incurría «en un manifiesto fraude de ley o desviación de poder con el fin de perpetuar la libre designación».

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