El Observatorio suspende al Principado en la aplicación de la ley pero reconoce avances positivos, como el incremento en el número de beneficiarios
17 feb 2017 . Actualizado a las 17:59 h.Asturias es una de las ocho comunidades autónomas que suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, con una nota de 4,64, aunque también es una de las que ha logrado «avances positivos», según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia. El informe refleja que el número de persona atendidas en Asturias ascendía al cierre del pasado año a 20.034, 2.510 más que hace un año y 4.680 más que hace dos. El número de personas desatendidas también se redujo, desde las 4.428 del cierre de 2015 a 3.703, aunque los pendientes de valoración aumentaron en 60%. En resumen, señala que el Principado ha incrementado los atendidos en el último año en un 16 % lo que resulta plausible considerando que las personas pendientes de atención solo son el 15,6%. Es uno de los «limbo de la dependencia» menor de España.
Hay otros aspectos positivos en el balace asturianos. En esa parte, la generación de empleos por millón de gasto público (31). En el último se han creado casi 400 empleos directos y se han obtenido unos retornos económicos de alrededor de 48 millones de euros entre cotizaciones, IRPF, impuestos de sociedades,...
El dictamen del Observatorio refleja que, en el conjunto del país, un total de 348.309 dependientes, el 29% no reciben ninguna de las prestaciones o servicios a los que tienen derecho. Así hasta 90 personas mueren cada día mientras esperan atención. Tras diez años de desarrollo de la ley de dependencia, el informe considera «imprescindible» dotar de suficiencia financiera al sistema para «cumplir con la ley», atender a los dependientes reconocidos y afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante el país.
En los últimos cinco años, se estima que 150.000 dependientes fallecieron mientras esperaban que se les aplicara la ley. Con noventa fallecidos al día sin haber podido ejercer su derecho, «hay que recuperar lo recortado y plasmarlo en los Presupuestos Generales del Estado de 2017», ha señalado el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Ha resaltado que hay 350.000 personas que no pueden esperar a los acuerdos a los que se pueda llegar en la negociación sobre la financiación autonómica.
El recorte acumulado de la Administración del Estado en dependencia en los últimos cuatro años asciende a 3.734 millones de euros, «considerando la eliminación del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares», ha subrayado.
Por regiones
El informe evalúa la aplicación de la ley de dependencia por comunidades autónomas con un resultado desigual: ocho suspensos y nueve aprobados. Las calificaciones más bajas corresponden a Canarias (1,79), Aragón (2,5), Navarra (2,86), Comunidad Valenciana (3,21), Cantabria y Baleares (3,57), Cataluña (3,93), Ceuta y Melilla (4,29) y Asturias (4,64). En el extremo opuesto, con las puntuaciones más elevadas, se sitúan Castilla y León (8,93), La Rioja (7,86), Andalucía y Castilla-La Mancha (6,79), Madrid, Galicia y Murcia (6,07), País Vasco (5,36) y Extremadura (5).
Ramírez ha lamentado las «gravísimas desigualdades entre territorios» y ha opinado que hay comunidades autónomas que necesitan «un cambio drástico de modelo de gestión y una inyección financiera específica».
En España, hay 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida, lo que supone que un 2,6% de la población necesita apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria en mayor o menor medida, de acuerdo con datos del Imserso a 31 de diciembre de 2016. El 35% de las personas desatendidas (122.000) son dependientes de Grado III (gran dependencia) o Grado II (dependencia severa). La aportación de los usuarios o copago supone un 20 por ciento del gasto directo en dependencia.
La Administración General del Estado aporta el 17% de la financiación del sistema y las comunidades autónomas el 83 por ciento restante, «muy lejos» del 50 por ciento establecido en la ley. La reactivación de las atenciones producida en 2016 es «insuficiente» para dar respuesta a los dependientes que están en lista de espera, ha dicho Ramírez, quien ha estimado que, a este ritmo, no se cubriría su asistencia ni en los próximos cuatro años.
«Si se atendiera ya a las 350.000 personas que están en lista de espera -simplemente cumpliendo con la ley- se generarían más de 90.000 empleos directos», ha indicado.