Arcelor esquiva una sanción porque no se tomaron muestras de vertidos

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denuncia «tolerancia» ante las empresas contaminantes y recuerda los peces muertos por el derrame del pasado mes de octubre


Redacción

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha anunciado que exigirá una investigación por parte de la administración asturiana «de las razones porque no se cogieron muestras de los vertidos de Arcelor del pasado octubre que produjeron la muerte de centenares de peces, esta supuesta dejadez impidió que fuera sancionados por dichos vertidos». El colectivo ha remitido una nota de prensa con imágenes de los peces muertos en la orilla del río.

La coordinadora afirma que el pasado domingo día 23, fueron localizados los peces muertos «a lo largo de toda la ría de Avilés desde la Marzaniella en Corvera hasta su desembocadura, presuntamente motivados por un vertido en la madrugada del sábado al domingo que se apreció a lo largo de todo el domingo con un olor fuerte y tono grisáceo en el río Alvares hasta el puente Azud». Los ecologistas insisten que «estos hechos los comprobó la Guardería de Impacto Ambiental del Principado de Asturias y el Seprona». En su nota, el grupo destaca además que se revela una vinculación entre los peces y el vertido porque se hallaron «coincidiendo con la marea alta» y «presentaban las agallas negras, por lo que parecen muertos desde el vertido del domingo».

La Coordinadora Ecoloxista ha puesto en el foco de la necesidad de abrir una investigación a la Confederación Hidrográfica «competente de la calidad de las aguas», a la Consejería de Infraestructuras «competente de comprobar el cumplimiento de la autorización ambiental» y también a la de Desarrollo Rural «competente de daños a la fauna». Sin embargo, según los ecologistas la Confederación Hidrográfica ha respondido que no se recogieron muestras de los vertidos por parte del Servicio de Control Ambiental. Esto ha llevado a que la confederación «al no existir pruebas que permitan denunciar a los responsables de una acción que causo deterioro de la calidad de las aguas del dominio público hidráulico, considera que no hay elementos suficientes para la incoación de expediente sancionador por la comisión de una infracción prevista en la Ley de Aguas».

La coordinadora concluye que se trata de una actitud de «tolerancia» ante las empresas contaminantes por parte del Gobierno asturiano y advierte que «vamos agotar la vías legales, para que los responsables de esta tolerancia desde la Consejera como el resto de responsables tenga que asumir estos graves hechos».

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