España empieza a comprar energía de carbón a Marruecos tras condenar las térmicas de Asturias

El país del Magreb ha abierto una central que no está en el sistema ETS europeo de derechos de emisiones de carbono y su precio es más competitivo

Central térmica de Soto de la Barca (Tineo), de la compañía energética Gas Natural Fenosa.
Central térmica de Soto de la Barca (Tineo), de la compañía energética Gas Natural Fenosa.

Primero fue el anuncio de Iberdrola, lanzado el año pasado, de cerrar las térmicas de Lada y Velilla, lo que despertó la alarma en los agentes sociales asturianos y en el Gobierno autonómico, sobre todo por el impacto que tendría en el empleo, tanto directo como indirecto, y además en la garantía de suministro energético a la industria regiona. Con el cambio en el Gobierno Central y la llegada de Teresa Ribera, declarada partidaria de una descarbonización acelerada, al Ministerio de Transición Energética, no apaciguaron los ánimos y el hecho de que Naturgy pusiera fecha al cierre de la central Soto de la Barca, en Tineo, en algún momento después del verano terminó por finiquitar prácticamente al sector en Asturias.

Pero a la par que se desarrollaba este proceso, con la necesidad de reducir el enorme impacto ambiental de la producción energética mediante la quema de carbón, España comenzó a comprar electricidad del mismo origen e igualmente contaminante pero al otro lado del Mediterráneo, en Marruecos. Así lo explica el diario El periódico de la energía quien hace mención al hecho de que lo habitual es que el país del Magreb fuera el que comprara energía a España y que por primera vez el pasado mes de diciembre sucedió lo contrario y la cuestión es el precio. El diario relata que Marruecos ha puesto en marcha una central térmica de carbón de 1.4 GW de potencia «con la que consigue producir a precios competitivos. No está en el sistema ETS europeo de derechos de emisiones de carbono y por tanto su producción térmica es mucho más barata que la española. No paga precio del CO2».

La contaminación sólo cambia de sitio pero el empleo desaparece. De momento, los planes para una «transición justa» lanzados por el Gobierno central no han pasado más que por beneficios en prejubilaciones. Desde el Principado, desde hace ya varios meses, se ha advertido de que las consecuencias de varios cierres encadenados y sin alternativa podría derivar en una segunda reconversión industrial devastadora para Asturias. El cierre de las térmicas tendrá un enorme impacto no sólo en los empleos de las centrales sino también en los puertos y en el sector del transporte. A todo ello se suman crisis como las de Alcoa, que pueden extenderse a toda la industria electrointensiva asturiana que pasa por muchos problemas al no encontrar un suministro eléctrico competitivo.

El 1 de enero se puso punto y final al carbón asturiano salvo en las explotaciones que sean rentables; si bien el mineral nacional es residual en las térmicas y la mayoría de lo que se quema es de importación. La exigencia de cierre era europea pero no todos los países comunitarios la han aplicado por igual; por ejemplo, en el caso de Alemania se mantendrá el carbón como fuente energética hasta el año 2038. Una comisión independiente -formada por regiones carboníferas, Industria, sindicatos, partidos políticos, asociaciones medioambientales e institutos científicos de Alemania- acordó esa fecha para que el cambio fuera paulatino sustituyendo el carbón por las energías renovables.

España, el país europeo que ha ejecutado con más rigidez el cierre de minas

Carmen Liedo
Concentración minera delante del pozo Nicolasa
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España ha cumplido casi al pie de la letra la Decisión 787/2010 de la Unión Europea y a finales de diciembre se cerraban prácticamente todas las minas de las que todavía se extraía carbón. En Asturias, en concreto, se cesaba la actividad en los pozos Carrio y Santiago, quedando Nicolasa en activo como último reducto de Hunosa tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la dirección de la empresa in extremis. El Gobierno español, por tanto, aplicaba con rigidez el mandato de la UE de cerrar las minas no competitivas antes del 31 de diciembre de 2018.

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