139 empleados públicos han dado positivo en COVID-19, una cifra que la consejera de Presidencia, Rita Camblor, considera reducida por haberse puesto en marcha rápidamente los servicios mínimos y el teletrabajo
20 abr 2020 . Actualizado a las 12:09 h.Un total de 139 empleados de la administración del Principado -Consejerías, Servicio de Emergencias y ERA- se han contagiado con el COVID-19, una cifra que para la consejera de Presidencia, Rita Camblor, es reducida por haberse puesto en marcha rápidamente los servicios mínimos y el teletrabajo, una situación en la que se encuentran ahora 20.000 empleados públicos. Camblor ha asegurado que su «incidencia ha sido ínfima» en la administración regional, que los positivos detectados han sido objeto de aislamiento y que su detección ha conllevado además la limpieza y desinfección de sus respectivas zonas de trabajo.
La consejera ha recordado que desde el 13 de marzo, un día antes de decretarse el estado de alarma, ya se facilitaron las condiciones para que el personal del Principado pudiese trabajar desde sus casas, para el personal incluido en los grupos de riesgo o que tuviese personas a su cargo. Frente a los 3.000 accesos remotos que había disponibles en la administración asturiana a principios de marzo, en la actualidad hay habilitados 20.000 puestos para que otros tantos empleados puedan trabajar desde sus casas, según ha señalado Camblor, que ha incidido también en que se han incrementado la posibilidad de hacer videoconferencias, especialmente en la Consejería de Educación.
Para conseguirlo, la administración ha llevado a cabo la compra de dispositivos móviles y portátiles, y contratado nuevas líneas de teléfono, como el millar habilitado para Atención Primaria, o las decenas con las que se ha reforzado el servicio de emergencias 112. Como administración, y al margen del Servicio de Salud del Principado, ha encargado también equipos de protección individual para repartir entre las consejerías, los 78 municipios, los consorcios regionales y la Universidad, material que no saben cuándo llegará, ni si llegará en su totalidad.
La desescalada en la función pública será «progresiva, lenta y paulatina», en la que se combinará el teletrabajo y la asistencia presencial, «pero es una fase en la que aún se está trabajando y que está aún muy verde y sin madurar», ha precisado la consejera. Ante las críticas vertidas desde la oposición por la parálisis de la administración de Justicia, la viceconsejera Encarnación Vicente ha señalado que «posiblemente haya que incrementar los servicios del personal que está trabajando presencialmente en los juzgados» dado que, desde hace más de una semana se pueden presentar demandas o escritos vía telemática que se pueden ir registrando y repartiendo a los juzgados correspondientes.
Desde el 14 de marzo, tras quedar suspendidos los plazos judiciales y establecerse sólo servicios mínimos esenciales, de los 1.300 empleados de la administración de justicia están trabajando presencialmente unos 250, el 17% del total. No obstante, dado que los empleados que no están asignados a los servicios mínimos se encuentran en casa en régimen de disponibilidad, en función del volumen de escritos que vayan entrando de forma telemática se decidirá cuántos de esos empleados deberán incorporarse presencialmente a las distintas sedes judiciales.
Sólo una pequeña parte de este personal está haciendo teletrabajo para algunos trámites, un porcentaje que esperan poder incrementar, ha explicado Camblor, que no descarta que para la vuelta a la normalidad de este servicio haya que hacer horas extra o que sea preciso contratar empleados de refuerzo. Para esa desescalada, el Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo de Poder Judicial está elaborando un borrador que enviará a las comunidades autónomas en menos de dos semanas y al que, según la titular de Presidencia, la administración asturiana hará las aportaciones que considere necesarias con el fin de agilizar la vuelta a la normalidad, según informa Efe.
Camblor ha detallado también que su departamento ha prestado ayuda a 153 asturianos que se encontraban en el extranjero y que reclamaron apoyo sobre las pruebas del coronavirus y sobre la posibilidad y formas de volver a Asturias, principalmente. Asimismo, ha anunciado que se ha tramitado ya la partida para hacer efectivo el pago de los casi ocho millones del Fondo de Cooperación Municipal que los ayuntamientos podrán utilizar para obras relacionadas con los servicios básicos asociados al estado de alarma.
