Los expertos advierten de un repunte de la economía sumergida, que mueve cada año 6.000 millones de euros
29 abr 2020 . Actualizado a las 23:02 h.La curación y profundidad de la herida que dejará la crisis económica provocada por la COVID-19 dependerá en gran medida del tiempo en que se tarde en encontrar un tratamiento eficaz y una vacuna. Muchos son los expertos que consideran que esos anuncios marcaran una intensa reactivación de la economía. El problema radica en que, cuando se llegue a ese momento, puede que el tejido empresarial del país se haya visto mermado, de manera que esa recuperación sea menos intensa y más a largo plazo. Y en esa mejora juega un papel esencial el peso que tenga la economía sumergida, De acuerdo con el último estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), ésta representa una merma del 23% en la recaudación de impuestos (equivalente a un 6% del Producto Interior Bruto). En Asturias ese peso es del 24,3% respecto al PIB (casi 6.000 millones de euros).
Esteban Fernández Vázquez, doctor en Economía de la Universidad de Oviedo y Coordinador del Observatorio Regional REGIOlab, reconoce que, en el caso de la economía sumergida, «nadie sabe su peso exacto, por la propia definición del fenómeno que tratas de medir y que está oculto», pese a que puede afirmarse con poco margen de error que «la proporción es más o menos una cuarta parte del PIB».
Destaca que «a partir de la experiencia de crisis pasadas, pese a que la presente no se parece a ninguna reciente, parece que va a crecer en términos relativos el peso de la economía sumergida» en la región. En este sentido considera que «hay ya muchas personas en el límite, que cubren sus obligaciones fiscales, pero cuando vengan peor dadas esos costes no los podrán asumir», por lo que existe «una fracción que acabará desplazándose hacia la economía sumergida».
Y es que el impacto de la crisis sanitaria sobre la actividad ha sido, está siendo y será «muy concentrado en el tiempo y muy fuerte». Esto hace pensar que «la gente que ya estaba en la economía sumergida será uno de los colectivos más castigados», en gran parte «por su especialización y por pertenecer a actividades ligadas a bajas cualificaciones o a los sectores más afectados por la paralización».
Cree que «probablemente se queden fuera de toda la batería de ayudas al mantenimiento de las pequeñas empresas». El responsable del Observatorio Regional REGIOlab prevé que en colectivos relacionados con empresas de reformas, pintores y profesionales ligados a la construcción el «trasvase a la economía sumergida» será más intenso.
Inversión y presión fiscal
Miguel de la Fuente, Decano del Colegio de Economistas de Asturias, destaca que el «último estudio del FMI cifraba en un 22% la tasa de la economía sumergida en España». Se trata de la mareante cifra de «240.000 millones de euros que se escapan al control fiscal y no tributan correctamente», lo que equivale a unos «70.000 millones» que no ingresan las arcas del Estado «Funcas calcula en un 23% lo que la Agencia Tributaria deja de ingresar en impuestos».
A causa de esto «se produce una pérdida de recaudación importante que mejoraría los servicios públicos y derivaría en unas cuentas saneadas y sin deuda». Pese a que «todos los estados tienen fraude, no solo el nuestro, si bien la tasa de España triplica la de EEUU o Alemania y duplica la de Francia». En un contexto como ése, «no solo hay un daño en los ingresos públicos, sino que también esa actividad irregular afecta la competitividad de esas empresas que tributan correctamente».
Considera que, «sin lugar a dudas», en el corto y medio plazo habrá un repunte sensible de la economía sumergida por el impacto de la COVID-19 en la actividad. «Siempre que hay un aumento del paro como ahora, en esta crisis tan profunda, aumenta la economía sumergida», añade. Por un lado, «algunos empresarios, que son más bien especuladores, lógicamente se aprovechan del paro que existe para contratar trabajadores pagándoles en negro y sin asegurar, lo que es una forma de reducir ingresos públicos».
En un escenario de precariedad, esa irregularidad «también beneficia a trabajadores en paro cobrando desempleo y les contratan, una práctica que no se puede admitir». Indica que «los diferentes estudios de organismos que analizan el fenómeno en el mundo se han dado cuenta de que, cuando los impuestos son muy altos y más paro existe, el aumento de la tasa de economía sumergida repunta también».
«Creo que esta crisis, a diferencia de la de 2008, es una crisis de liquidez. Las empresas son solventes y viables, pero con el parón y el confinamiento no tienen ingresos y liquidez para afrontar gastos. Lo que necesita la economía española es una inyección de liquidez, para que cuando cese la pandemia las compañías tengan fuerza para reanudar la actividad que ha estado parada», asevera.
En lo que respecta a las soluciones a corto y medio plazo apunta que, «en estos momentos no hay que pensar tanto en planes de de estabilidad ni en la deuda pública. Hay que inyectar liquidez al sistema, para que las empresas estén en condiciones de arrancar. La Unión Europea tiene que aportar esos medios». Eso y que, «al menos, no aumente la presión fiscal».