Henos aquí de nuevo decidiendo el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados, ¿cuál será la proporción de mayorías? ¿serán posibles los acuerdos y cuáles, en todo caso? ¿cuáles serán las líneas rojas de la negociación de los pactos entre partidos? Ya veremos. Ante todo, en mi opinión, el asunto crucial es resolver la calamitosa desproporción de la desigualdad creciente desde el inicio de la crisis, una que si nos parece hoy monstruosa es porque se disparó partiendo de posiciones ya muy altas en la supuesta época de bonanza de la burbuja inmobiliaria. Pero nunca existió realmente, la precariedad tiene antecedentes muy largos y, simplemente, la que padecemos ahora es grotesca.
Es cierto que, más que por la política de austeridad europea (en el Reino Unido han mantenido la libra y la políticas monetarias del euro tienen poco que ver con su descontento), el «Brexit» ha salido adelante por una manifiesta posición de racismo contra la inmigración de una parte relevante de la población británica. Gente de clase baja, en muchas ocasiones los principales beneficiarios de la pertenencia a la Unión, han sido los abanderados de dejarla. Muchos artículos de prensa nos llaman la atención sobre este fenómeno en la resaca del referéndum. Muchos menos, o ninguno que yo haya visto, han puesto el foco en cómo los principales partidarios del «Remain», en la City, han sido también los máximos impulsores de ese descontento, trabajando desde hace décadas con denuedo en minar todos los pilares del estado del bienestar, aniquilando toda posibilidad de emprender políticas sociales para después despertar sorprendidos por los efectos en una población aterrorizada ante un mundo de incertidumbre absoluta.
También aquí la patronal insiste sin disimulo es que es preciso abandonar, como algo anticuado, la idea de tener un empleo estable, de un salario decente. Hay que vivir en la intemperie como valientes, nos aseguran unos señores que tienen blindados sus contratos millonarios, sus pensiones astronómicas tanto si lo hacen bien como si lo hacen mal. Señaladme un directivo, alguno, que haya quedado en la ruina si ha arruinado la empresa por su mala gestión. La intemperie para los otros. Si en España ya (como hace años en Asturias) hay más muertes que nacimientos ¿no tendrá que ver precisamente con la incertidumbre absoluta para poder planificar el futuro? ¿cómo se puede pensar en la progenie con contratos por horas, o semanales, con salarios que no rozan los 500 euros?
Por la izquierda, desgraciadamente, se entiende todo mal. En diciembre el debate sobre los derechos laborales quedó enterrado por la mucho más urgente, por lo visto, cuestión territorial. Quizá no tenga que volver a pasar en junio, ya veremos, no confío. El caso es que tanto PSOE (que quiere derogar la reforma laboral del PP) como Unidos Podemos (que reclama derogar además la de ZP) esperan que por arte de magia una nueva reforma lo arregle todo. ¿No estaban vigentes los derechos laborales de los camareros de la cafetería del parlamento a los que Arturo Fernández pagaba en negro? Nada es más definitorio de la inutilidad e ineficacia de la sobreproducción legislativa del Congreso que el hecho de que a cuatro pasos del hemiciclo, un empresario se pasara por arco del triunfo todas las normas que habían sido aprobadas por los diputados. Con total impunidad.
Esa es la realidad de nuestro mercado laboral, donde se ha convertido en revolucionario simplemente exigir que se cumpla la ley de esta moderadísima economía de mercado. No se pagan las horas extra porque nadie va a denunciarlo. Se pueden hacer contratos por obra para puestos indefinidos, de media jornada para la completa y los fines de semana de regalo para el patrón. Contamos como emprendedores a miles de autonómos que no son más que trabajadores pobres, presos de una única compañía que les obliga a darse de alta como trabajadores por cuenta propia para ahorrarse los costes laborales, en un fraude sistemático a la Seguridad Social. La reclamación también sistemática de la CEOE en materia laboral es que «no se judicialicen los procesos», es decir, que no se les obligue a cumplir la ley. Y eso que son contados los casos en los que se les exige. La desfachatez del fraude en el trabajo en España es ya absolutamente insoportable y lo peor es que los grupos que se definen de izquierda (los martes y jueves, los viernes son de la gente, los lunes de los de abajo y los fines de semana para orar al Papa y Santa Teresa) lo consideran un asunto secundario.
De nada sirve que se aprueben leyes y reformas si no hay la menor intención de hacerlas cumplir, y no la hay. Parece asumida la tesis empresarial de que cumplir con las normas y pagar los impuestos que les corresponden les llevaría a la ruina. ¿Qué clase de emprendedores, de entrepreneurs, son estos? ¿Cómo pueden darse aires de modernos, de impulsores innovadores si sólo aspiran a vivir en un país de esclavos humillados? ¿quién les va a comprar nada si no les llega el sueldo? Como en la City, esto es general en todo el globo, la codicia empresarial está a punto de matar a la gallina de los huevos de oro.
Precisamente por su bien, porque se comportan como menores de edad malcriados, hay que obligarles y hay que castigar los malos comportamientos. No con sonrisas ni corazones, con multas y cárcel. No se trata de que el miedo cambie de bando, se trata de que hacer cumplir la ley con rigor, ni más ni menos. ¿No existe ya la lucha de clases, es un concepto anticuado? ¿por qué entonces se desahucia a una familia que ya no puede pagar una hipoteca pero se permite eludir el castigo a los defraudadores fiscales pagando una pequeñísima proporción de lo defraudado?