Se destaca en esto días la atipicidad de este mes de agosto, fundamentalmente poniéndola en relación con la disponibilidad del monarca, en relación a la investidura, durante sus vacaciones en Palma de Mallorca. Sin embargo, si algún verano se salió de la normalidad, fue el del año pasado, en el que se mantuvo la actividad parlamentaria porque el Gobierno del PP decidió sacarle el máximo jugo a su mayoría absoluta y, además de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2016, aceleró la tramitación en las Cámaras de más de cuarenta proyectos de ley para asegurarse de que llegaban a buen puerto antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral. Fruto de aquél trágala legislativo fueron el nuevo código Penal Militar, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la reforma de la Ley de Montes, la Ley de Carreteras o la Ley del Sector Ferroviario, entre otras.
Cierto que, en este verano de 2016, el postureo se traslada de los chiringuitos de playa (meter barriga, con gafas de sol puestas y caña de cerveza en la mano) a los salones del Congreso (fingir voluntad negociadora y echar la culpa a otro de unas hipotéticas terceras elecciones). Impostura es afirmar que el PP abre una negociación con Ciudadanos después de que éste comprometiese no votar en contra de Rajoy, a cambio de nada, y no tener interés alguno en formar parte de un Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy; tras confirmar que, además, va a apoyar la fijación del techo de gasto y cualquier proyecto de Presupuestos para el próximo año que responda a las imposiciones establecidas por la Comisión Europea, nada hay que negociar.
El encuentro entre el candidato del PP y Albert Rivera no aportó novedad alguna pero si sirvió para escenifica el reagrupamiento de la derecha, la asunción pública de Ciudadanos de su papel de mera secuela de la populares y el lanzamiento conjunto del mensaje haciendo responsable a Pedro Sánchez de la repetición de los comicios si Rajoy no consigue los apoyos suficientes para ser investido Presidente el Gobierno. También les valió para, una vez más, utilizar la respuesta al desafío soberanista catalán como elemento aglutinador de sus posiciones y velo con el que cubrir las vergüenzas de los fenómenos de corrupción y la imputación del PP en el caso de los ordenadores de Bárcena, perfecto exponente del respeto por la legalidad de dicho partido y su decidida voluntad de colaboración con la Justicia en la investigación de dichos fenómenos.
Y mientras tanto se clarifica la situación, seguimos con un Gobierno en funciones, que continuará sosteniendo que no tiene obligación de someterse al control político de unas Cortes que no son las que eligieron al Presidente, y generando con paradojas como que un ministro, el sustituto de Wert, designado para tres meses, lleva ya más de un año, impasible el ademán, aplicando inexorablemente la LOMCE, para lo que acaba de aprobar el segundo Decreto regulador de las reválidas. O que los ministros hereden las competencias de sus compañeros de ejecutivo que cesan, sin que Rajoy se sienta llamado a dar explicación alguna. La dimisión de Soria llevó a que De Guindos asumiese las funciones de la cartera de Industria y la elección de Ana Pastor como presidenta del Congreso conllevó que Catalá incorporase las del Ministerio de Fomento. El anuncio de que Alfonso Alonso será el candidato del PP a lehendakari en las elecciones del 25 de septiembre significará su salida del Ministerio de Sanidad, al que llegó tras la dimisión de Ana Mato y que otro miembro del Gobierno incorpore los contenidos de dicha cartera. La idea subyacente es que todos los miembros del Ejecutivo valen para todo y que el único imprescindible el Rajoy.
Cierto es que ningún español, angustiado por la situación política, va a renunciar a sus merecidas vacaciones, pero resulta difícil marchar tranquilo pensando en los desaguisados que puede provocar en agosto este «increíble Gobierno menguante», en funciones.