Otegi no ha sido inhabilitado. Ya lo estaba. La junta electoral no podía hacer otra cosa que aplicar la ley. Es su obligación. Pretender otra cosa, como quienes califican de cacicada la decisión o hablan de judicialización de la política por este caso, es despreciar la democracia. Decir que los tribunales arrebatan el poder de los ciudadanos es una cínica manipulación de la realidad. La verdad es que Otegi está inhabilitado hasta el 2021 por una condena firme que él mismo desistió de recurrir hasta donde podía y cuando podía. Ahora solo queda acatar las resoluciones judiciales. Lo contrario sería socavar los cimientos de la democracia.
Bildu sabía que Otegi es inelegible y pese a ello lo convirtió en candidato intentando obtener rédito político de la situación. Aunque para ello tenga que tergiversarla. Es inaceptable plantear unas elecciones como si fueran un tribunal de excepción en el que los ciudadanos puedan indultar a quien ha sido condenado por el único poder que tiene legitimidad para hacerlo, el judicial. Ver en las urnas una vía para el perdón del delito es subvertir la democracia. Por eso la ley prevé la inelegibilidad de los criminales, porque quien atenta contra la sociedad pierde el derecho a representarla.
Se pueden discutir los fundamentos del proceso en el que fue condenado Otegi, pero no se pueden obviar las resoluciones judiciales. La aplicación de la ley no puede estar al albur de la conveniencia del momento ni del interés particular. Obviar la inhabilitación es tener una visión instrumental, y escasamente democrática, del sistema político. Ojalá nadie estuviera excluido del proceso democrático, pero Otegi no puede culpar a otros de sus pecados.