El desafío soberanista


Redacción

En 1576 Jean Bodin publicaba una obra clave para el pensamiento político occidental, «Los Seis Libros de la República». En él construía la idea de soberanía como un poder superior a la ley (legibus ab solutus, es decir, «absuelto de la ley», de donde deriva el término «absoluto») que él consideraba personificado en la figura del Monarca. De este modo, negaba la dispersión de poder que había sido característica de la Alta Edad Media, cuando la autoridad regia era disputada tanto en un ámbito territorial más reducido que el propio reino (por los señores feudales), como en un ámbito superior (por la Iglesia, que tenía pretensiones de universalidad).

La idea de soberanía de Bodin, luego reformulada por el inglés Thomas Hobbes (Leviathan, 1651), fue esencial para construir los Estados modernos, al concentrar en ellos el poder antaño diseminado entre diversos entes territoriales y sociales (burgos, nobles, clero?). A partir de esa teorización, el pensamiento ilustrado y liberal sólo necesitó cambiar el sujeto de imputación de la soberanía: no sería el Monarca, como habían predicado Bodin y Hobbes, sino la Nación. Sólo ella disponía de ese poder legibus ab solutus que, entre otras cosas, la dotaba de «poder constituyente», es decir, de la facultad de elaborar una Constitución, según formularía con brillantez el girondino Emmanuel Joseph Sieyès en su opúsculo Qué es el Tercer Estado, redactado en 1789.

Desde entonces, las Constituciones liberales y democráticas no han dejado de reconocer ese principio de soberanía nacional, como hace nuestra propia norma fundamental en su artículo 1.2. En ella se concreta que el titular de esa soberanía es el pueblo español, lo cual entraña configurar España como un Estado democrático: el conjunto de la ciudadanía, y sólo él, es el titular de la soberanía, con lo que se niega que tal poder le corresponda a órgano alguno (Cortes, Gobierno o tribunales), o a instancia territorial cualquiera (municipios, provincias o Comunidades Autónomas).

Pues bien, esa soberanía popular, pomposamente reconocida en nuestra norma magna, se halla en la actualidad sometida a una doble presión, interna y externa, que la pone en entredicho. Y es así, en primer lugar, por el desafío soberanista del independentismo catalán que ha vuelto a sacar pecho en la Diada. Porque sus aspiraciones de formar un Estado propio pasan por negar al pueblo español su soberanía sobre el territorio nacional. Haciendo uso de un concepto social y cultural de «pueblo», contraponen el pueblo catalán con el español y los ponen en un mismo plano con un silogismo incorrecto: si el pueblo español es jurídicamente soberano, el catalán, que también es pueblo, goza de esa misma soberanía de facto y, en conclusión, está dotado de poder constituyente y puede formar su propio Estado. Al hacerlo, contraponen la legalidad constitucional con una inventada legitimidad «cultural e histórica» que supuestamente les asiste; y, de esta guisa, niegan la soberanía de la colectividad española que reconoce la Constitución y, por tanto, se desvinculan de la democracia constitucional.

Para legitimar su antidemocrática postura tratan de invertir el razonamiento, afirmando que ellos son los auténticos demócratas, sobre la base de dos razones: primero, que el Parlamento catalán, legítimo representante del pueblo de aquel territorio, avala mayoritariamente el proceso independentista; segundo, que aspiran a celebrar un referéndum de autodeterminación, y no hay nada más democrático que las urnas. Pero ambos argumentos esconden contradicciones y manifiestas falacias. Habría que preguntarse cómo es posible que ese Parlamento pueda decidir la segregación respecto del Estado español por una mayoría menos cualificada que la que exigiría para reformar el Estatuto de Autonomía catalán. Pero mayor es el engaño de identificar referéndum con democracia, porque esta última entraña también un procedimiento legal, sin el cual aquél no es una consulta auténticamente democrática. Por ejemplo, si los asturianos decidiésemos por nosotros mismos poner urnas en la calle para someter a consulta popular si deseamos expulsar de nuestro territorio a todos los inmigrantes, ¿acaso alguien tendría la desfachatez de decir que eso era un prístino ejercicio de democracia? No confundamos las cosas: no toda votación popular es necesariamente democrática. Y lo que los independentistas esgrimen como presuntas pruebas de fuerza (las múltiples banderas en la Diada, o en los estadios de fútbol, o en las balconadas de las casas), no son más que el ejercicio de una libertad de la que pueden disfrutar gracias a esa Constitución que, según ellos, tanto les oprime.

Pero siempre que pensamos en el «desafío soberanista» volvemos nuestros ojos al interior de España, en particular a Cataluña y al País Vasco, y nos olvidamos de otro desafío que trasciende nuestras fronteras: el de una cada vez más cuestionable Unión Europea. Todo el mundo pareció llevarse las manos a la cabeza cuando se constató el Brexit, pero no ha habido tampoco una reflexión seria de qué se hace mal en Europa para propiciar que los euroescépticos crezcan como los hongos en Muniellos durante el otoño. A los detractores de la «construcción europea» se les tilda simplemente de radicales, xenófobos, pueblerinos e ignorantes. Y a buen seguro que algunos casos es así, pero no siempre, y en todo caso esos calificativos impiden que en Europa se haga autocrítica.

Porque nadie se plantea que en realidad la Unión Europa es hoy una entelequia que pierde credibilidad entre la ciudadanía a un ritmo vertiginoso. No sólo por su errática, incoherente y en ocasiones deleznable gestión política (el deplorable tratamiento del problema de los refugiados sirios es un claro ejemplo) sino también por su enorme déficit democrático. El Parlamento Europeo se ha convertido en un cementerio de elefantes a donde demasiado a menudo van a parar políticos quemados en sus respectivos países para disfrutar de prebendas alarmantes. Y entretanto, quien realmente decide las líneas políticas de Europa es el Consejo Europeo, un órgano ejecutivo integrado por los jefes de gobierno y de Estado de cada país y que, por tanto, no es elegido directamente por la ciudadanía europea en unos comicios ad hoc. Pero, peor aún es que quien realmente adopta las decisiones no sea ni tan siquiera ese órgano, sino Ángela Merkel, haciendo patente que aquel que tiene el dinero es quien decide, manejando Europa como si fuese su cortijo. Y, que yo sepa, ese pueblo español al que la Constitución proclama soberano no puede tomar parte en las elecciones alemanas, de modo que a la postre nos gobierna alguien a quien no hemos elegido. Eso tiene un nombre: dictadura.

El Brexit no es más que una cara más del desastre que es a día de hoy una Unión Europea cada vez con menos credibilidad. El antieuropeísmo medra día a día, espoleado sobre todo por el crecimiento de la ultraderecha en todos los países de la Unión, incluida Alemania. Y entretanto, esa misma Unión Europea, anémica democráticamente, es la que ha perpetrado el mayor atentado que ha sufrido nuestra soberanía: imponer la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución; porque si esta última representa la máxima expresión de nuestro poder soberano, obligar a su enmienda es bombardear ese mismo poder en su línea de flotación. Así pues, cuando oigamos hablar de «desafío soberanista» no miremos sólo a Cataluña o al País Vasco, porque lo cierto es que, por fortuna, los independentistas de esos territorios no han sido capaces (al menos de momento) de someter nuestra Constitución, cosa que sí ha hecho Merkel. Utilicemos un catalejo de mayor alcance y echemos la mirada a Europa, porque es allí donde estamos perdiendo, a toda velocidad, nuestra soberanía.      

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