«No puede haber discusión acerca de los impuestos, sin que la haya acerca de los gastos»
Martín Krause
El economista estadounidense Charles Tiebout formuló el teorema que lleva su nombre, fundamentado en la actuación benevolente de un sector público que busca el mayor bienestar para el conjunto de la sociedad. En un marco de descentralización fiscal, como el que ha configurado nuestros sistema autonómico -bien es cierto que de manera imperfecta, al no darse la condición de la corresponsabilidad- el teorema de Tiebout explica como ante la existencia de varias jurisdicciones, con diferentes niveles de provisión de bienes y servicios públicos, la movilidad interjurisdiccional de los ciudadanos les llevaría a revelar sus verdaderas preferencias al desplazarse a aquella localidad que les ofreciera la oferta impuestos-servicios públicos que mejor se adaptara a las mismas.
Resulta evidente que el voto con los pies formulado por Tiebout, es incompatible con el populismo fiscal consistente en bajar los impuestos no por convicción, sino por conveniencia electoralista; no merced a un ajuste estructural de las cuentas públicas que permita asumir sosteniblemente esa merma de recaudación, sino mediante la emisión insostenible de deuda pública; no de manera cuantiosa y decidida preocupándose por rellenar el bolsillo de los ciudadanos, sino de forma cicatera y manipuladora pensando en los engañosos titulares de prensa que posibilitará.
Tal es el caso, por ejemplo, de la reducción del tipo máximo autonómico del IRPF que sirvió para apuntalar un año más al régimen socialista en Asturias -presupuesto regional mediante- y que no iba acompañada de una deflación de la tarifa del impuesto y un incremento de los mínimos familiares, y cuyo resultado fue un ahorro fiscal exiguo que no ha impedido que el contribuyente siga pagando más sin haber aumentado su poder adquisitivo. Nadie cayó en la cuenta -quizás cegados por ofrecer un vistoso titular en la prensa, y así justificar lo injustificable- que sin un IRPF actualizado al IPC, se produce una subida fiscal silenciosa. Lo mismo ocurre cuando se nos anuncian nimias bajadas del tipo de tributación del IBI -como ha hecho recientemente en el Ayuntamiento de Oviedo- mientras las ponencias catastrales siguen asignando a nuestras propiedades inmobiliarias, valores muy alejados (por exceso) del valor real de mercado de las mismas, y que tampoco reflejan las alteraciones sufridas por el IPC.
Esta negativa a liberarnos de la insoportable carga fiscal que padecemos -entreteniéndonos con nimiedades como las expuestas con el IRPF y el IBI, que no dan ni para irse al cine el día del espectador una vez al mes- nos son justificadas con la tan en boga falacia de «que paguen los ricos»; anunciando que el grueso de las subidas fiscales necesarias para seguir manteniendo el supuesto Estado del bienestar, será costeada por las multinacionales y las grandes fortunas -en el caso del IBI en el Ayuntamiento de Oviedo- y grabando la comida basura, las bebidas azucaradas y la contaminación ambiental -en el caso del Principado de Asturias-.
En lugar de continuar con este acoso fiscal, se debería considerar los problemas de pérdida de contribuyentes que ello puede acarrear. El gobierno de Asturias opta claramente por lo contraproducente: anuncian fuertes medias de control e inspección -y la consiguiente campaña del miedo a ser sancionados- contra aquellos que legítimamente cambian su residencia fiscal en busca de -como nos enseña Tiebout- unas políticas presupuestarias que respondan mejor a sus preferencias. Todo ello teniendo además en cuenta que no es evidente que una mayor presión fiscal conlleve como contrapartida un mayor y mejor nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales. Pero esta actitud, propia de la orweliana 1984, les retrata al evidenciar que ya no les es suficiente con tenernos sojuzgados con un sistema electoral que niega la representación política, negando al ciudadano como sujeto político en favor de los partidos. Ahora tampoco quieren que dispongamos legítimamente de nuestros patrimonios y que votemos con los pies en busca de una fiscalidad que los esquilme lo menos posible y permita disponer de ellos libremente.
Olvidan nuestros próceres -no sabemos si consiente o inconscientemente- que una fiscalidad empresarial agresiva tiene consecuencias negativas sobre la inversión y sobre la asunción del riesgo. Y no sólo eso: penaliza los factores determinantes de la acumulación de capital y, por tanto, del crecimiento del PIB per cápita y del empleo. Si además esa fiscalizad empresarial agresiva se aplica en entornos recesivos o de estancamiento, sus consecuencias se acentúan; pues el problema ya no es la disminución de la tasa de retorno de la inversión, el encarecimiento del coste de capital, o la disminución de la posibilidad de poder financiar con fondos propios nuevos proyectos, sino que compromete la supervivencia de las propias empresas. Eso sí, después tenemos que ver como se rasgan las vestiduras y culpan a los mercados, a la falta de regulación o al sector privado -o a los tres a la vez, si se tercia- de los frutos de su propia irresponsabilidad presupuestaria y fiscal, que pone el peligro el estado de bienestar que fingen proteger, al hacerlo insostenible. Olvidan también -y nosotros tampoco debemos olvidarlo- en donde recae la incidencia de todas estas ocurrencias fiscales, de este mercadeo presupuestario indecente «por nuestro bien»: en nuestros bolsillos. No, esas subidas impositivas no las va a pagar ni Mittal, ni MacDonald´s, ni Mercadona; las vamos a pagar usted y yo, y todos los asturianos de a pie.
La argumentación para justificar tal cúmulo de irresponsabilidad presupuestaria y fiscal se escenifica con la ceremonia del victimismo, de buscar culpables externos, de acusaciones de dumping fiscal a otras comunidades autónomas, señalándolas como perpetradoras de competencia desleal por ejecutar una política fiscal totalmente opuesta a la suya. Eso si, al mismo tiempo que lanzan estas proclamas, no tienen empacho en saltarse a la torera el principio de neutralidad fiscal, vulnerando de manera clara y frontal el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución; todo ello en nombre de las falacias del enfoque teórico colectivista de que la oferta de trabajo es fija, de que el consumo de los hogares depende de la renta disponible y de que la inversión obedece a las ventas y a la utilización de la capacidad productiva más que a su rentabilidad.
Por ello, la solución no es ofrecerse gallardamente al régimen socialista para negociar un presupuesto, sino plantear una alternativa a un modelo agotado que ya no admite mas apaños; que ya no admite más demagogia de disponer de unos presupuestos por uebos (no, no es una errata); que ya no admite más populismo reclamando -u ofreciendo como moneda de cambio- la eliminación de figuras impositivas concretas, por injustas e inequitativas que estas sean; que ya no admite más discursos sobre soluciones posibilistas, que en realidad nos mantienen en la sima de la decadencia.
En lugar de ello, es necesario poner encima de la mesa una alternativa seria, rigurosa y responsable de reforma fiscal integral; de los ingresos y del gasto. Alternativa a un modelo fiscal agotado que desde el inicio de la crisis, y hasta la fecha, ha incrementado la deuda pública un 456% (no, tampoco es una errata: cuatrocientos cincuenta y seis por ciento), y cuyos gestores tienen nula intención de reducir motu proprio. Todo lo contrario, la estrategia es tratar de llevar cada vez más lejos los límites del déficit y la deuda, pero no para alejarse de ellos, sino para establecer una nueva frontera, en una carrera que, lejos de garantizar el Estado de bienestar, cada vez lo pone más en peligro.
Alternativa al debate de como redistribuir la riqueza -con el fallido método de la solidaridad mal entendida e impuesta- que proponga alternativas reales de crecimiento de una Asturias a la cola de las previsiones de crecimiento económico; para lo que se necesita, no sólo la modificación del marco jurídico vigente que dé confianza, sino también cambios estructurales que logren mejorar la competitividad e incentiven la productividad, que son las variables que explican la falta de crecimiento, lastrado por el infierno fiscal y el cementerio regulatorio que el socialismo inflige a diario a nuestra región. Alternativa a la noción de progreso equivocada del «mejor cuanto más gasto», que fije unos valores básicos sobre los que se deriven comportamientos asociados, ante la evidencia de que, no sólo se ha invertido ese proceso, sino que directamente se ha aniquilado. Alternativa, en fin, que desmonte el actual régimen asistencialista, de caza-rentas, dependiente de la subvención externa y de la solidaridad interterritorial, que condena a esta región al estancamiento y la decadencia, y frustra su capacidad de progreso; y que ofrezca un modelo de desarrollo basado en la liberalización de la actividad empresarial, el respeto a la libre disposición de la propiedad privada y una fiscalidad que estimule el trabajo, el ahorro y la inversión. Ese es el mejor y más sostenible estado del bienestar al que podemos aspirar: al de la libertad, no al del yugo de la subvención.