Mientras los directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia disfrutaban alegremente de sus tarjetas libres de impuestos y comían en caros restaurantes o compraban lencería fina, la entidad que corría con los gastos se arruinaba y se disponía a pedirnos a los contribuyentes un esfuerzo para salvarla. Eso es lo que se desprende de los correos internos de la inspección del Banco de España que obtuvo el letrado Andrés Herzog y que hoy publica este diario. La coincidencia de la difusión de esos correos y el juicio de las tarjetas quizá responda a la estrategia acusatoria del señor Herzog, pero eso no disminuye su simbolismo: es una cruel denuncia de la inutilidad de aquel Banco de España, capaz de detectar los fallos del sistema, pero rigurosamente inútil a la hora de frenar una catástrofe anunciada como la de Bankia; una catástrofe de 21.000 millones de euros.
A la inspección del Banco de España y a su jefe, José Casaus, no le hizo caso nadie. El gobernador, los ministros económicos y el propio presidente del Gobierno, señor Zapatero, probablemente seguían convencidos de que el sistema financiero español era el más sólido del mundo y no les entraba en la cabeza que una entidad grande y fuerte pudiera no ser viable. Quizá había tal respeto al señor Rato, que acababa de regresar de regentar el Fondo Monetario Internacional, que nadie se atrevió a exigirle la verdad de las cuentas y de los riesgos, suponiendo que Rato los conociera. Ni siquiera llamó la atención que se advirtiera del problema de todas las cajas de ahorros: la primacía de los criterios políticos sobre los profesionales.
Y lo tremendo es que con esos informes en la mano -por supuesto, ocultados a la opinión pública- se autorizó la salida a Bolsa de Bankia. El Banco de España conoció los folletos repletos de engaños al inversor y no movió un dedo para retirarlos y evitar esa manipulación masiva. Dejó que siguiese adelante un proyecto del que estaba anunciado que «sus acciones cada día valdrán menos», que «no era viable» y que condenaba a los contribuyentes a pagar las deudas. Y las hemos pagado. Cuando el señor Goirigolzarri llegó a la presidencia de Bankia, ya con Luis de Guindos en el Ministerio de Economía, no había marcha atrás y no tuvo más remedio que pedirle al Estado 21.000 millones de euros. En la sociedad española caló un lamento populista: hay dinero para rescatar a la banca, pero no lo hay para rescatar a los ciudadanos que son expulsados de sus casas precisamente por no poder pagar a la banca.
¿Y no hay quien se haga responsable de estos desastres de gestión y esta política de oídos sordos a los informes técnicos? Pues parece que no. Esperemos que, al menos, no haya vuelto a suceder.