Es de sobra conocida la influencia que los medios de comunicación ejercen en nuestras opiniones. Los editoriales, la propia selección de las noticias, el orden dentro de la escaleta y las encuestas son esenciales en la construcción de una realidad, que nunca podrá ser objetiva, pero al menos es deseable que sea lo más fidedigna y honrada posible.
En un momento en el que se debería hablar más del nuevo Gobierno que de otra cosa, vemos que hay otros dos asuntos relacionados entre sí por el poder de los medios de comunicación. Por una parte, por lo que contó Pedro Sánchez en Salvados, y por otra, las explicaciones de Ramón Espinar sobre la venta de un piso en Alcobendas. En ambos casos hay un grupo mediático en el punto de mira (en concreto, el grupo PRISA).
Comenzando por Pedro Sánchez, creo que por encima de lo que se vivió en aquel célebre Comité Federal o lo que dijo sobre Susana Díaz lo verdaderamente sorprendente fue que confesara las presiones que recibió por parte de El País para que no se formara un gobierno alternativo al del PP. Por una parte es verdad que llega tarde reconocer públicamente esta situación, pero por otra ayuda a entender qué pasó, qué pasa y qué pasará. ¿Tiene un periódico el derecho a exigir a una persona elegida por el pueblo español a darle órdenes de lo que debe hacer? Claro, el problema está en que en ese programa no se contó todo. Pedro Sánchez se entrevistó con el actual Presidente de Telefónica para pedirle que El País relajase un poco el tono de las críticas (cuestión que él ante Jordi Évole no dijo. También hay voces que han demostrado que el propio Pedro Sánchez se valió de este periódico para echar a Tomás Gómez de la Secretaria General del PSM (se llegó a tal ridículo que el diario llegó a encargar a Metroscopia una encuesta urgente con la que titular «Sánchez se fortalece y el PSOE sube al primer puesto en Madrid»). Vamos, ejemplo claro de lo que significa aplicarse la misma medicina.
Con Ramón Espinar otro tanto. Por una parte, está claro que la filtración ahora responde al proceso de primarias que se vive en Podemos Madrid. Alguien conocía su caso y se lo contó a la Cadena SER. La cuestión parece que no está en hablar de una ilegalidad, sino en la moralidad de comprar un piso (del Plan Joven de la Comunidad de Madrid) con las características que tenía a un precio para luego venderlo a otro superior. Él dio explicaciones, justificó la acción con que no podía hacer frente a la hipoteca y lo vendió al precio máximo que la Comunidad de Madrid le permitió hacerlo. El problema no está tanto en si ganó dinero con la operación, sino en el discurso que ha ido defendiendo (hay una grabación, en una comisión en la Asamblea de Madrid, donde llega a decir a Ignacio González lo siguiente: «El objetivo final de la promoción de vivienda pública no es venderla, el objetivo final de la promoción de vivienda pública es garantizar el acceso al derecho a la vivienda de la ciudadanía que no puede acceder en mercado libre. Ese es el objetivo»). Por la boca muere el pez, que se suele decir.
Es un debate complejo, donde tanto los políticos como los periodistas tienen su parte de razón. Yo en este caso no defiendo más a un bando que a otro, con lo cual comprendo lo que piensan las dos posiciones. El secreto no está en que los periodistas y los políticos sean amigos o enemigos, sino que entre ambas partes haya un respeto mutuo en el papel que cada uno tiene que ejercer. Los dos son esenciales en cualquier democracia, y el abuso de unos y de otros termina por perjudicar al sistema, cuestión que creo que no es el deseo de ninguno de nosotros.