Terreno peligroso


Grave es que el responsable de un partido político ponga en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones del Estado. Lo hemos visto y consentido. Más grave es que lo haga un representante público; por ejemplo, un parlamentario. También lo vimos y consentimos. Pero gravísimo es que sea un miembro del Gobierno quien lo hace, sobre todo si es el responsable de Justicia. Esta semana, el ministro Rafael Catalá dio un paso peligroso a propósito de una muerte por causas naturales al asegurar que «cada uno tendrá sobre su conciencia las barbaridades que ha dicho sobre Barberá sin prueba alguna». Y al margen de las barbaridades que cada uno haya dicho, lo de «sin prueba alguna» merece una breve reflexión.

El ministro Catalá tritura y desprecia el trabajo de años de la policía judicial, del Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción que, ahora lo sabemos, investigan e imputan sin prueba alguna. Por lo dicho por este miembro del Gobierno, lo de la imputación de medio centenar de personas en Valencia, con todo el grupo municipal popular menos uno, se ha hecho sin prueba alguna, lo que nos debe de alarmar, ya que en este país cualquiera de nosotros puede ser investigado y condenado sin que existan pruebas. Y esto no lo dice el panadero de la esquina tomándose una caña; lo dice el ministro de Justicia. Y por eso debemos tomarlo con el rigor que se merece, aunque el ministro se llame Rafael Catalá.

Pasamos por alto demasiadas descalificaciones al funcionamiento de las instituciones sobre las que se asienta el Estado de derecho. Pero un titular de Justicia dudando públicamente del trabajo de aquellas de las que es responsable sobrepasa todos lo imaginable. Entramos en un terreno peligrosísimo, porque hasta ahora la legalidad la cuestionaban los delincuentes y saqueadores de lo público. Pero no un ministro de Justicia.

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