Cuervas-Mons, diputado regional y portavoz del PP en Sector Público, explica su punto de vista sobre el caso GITPA
19 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.GITPA se corresponde con las siglas de una empresa cien por cien pública, propiedad del Principado, que por tanto pagamos todos los asturianos con nuestros impuestos. La finalidad originaria de dicha empresa, como ente instrumental de la administración, era crear una infraestructura que permitiera llevar a todas las poblaciones asturianas los servicios de internet y TDT. Una red de cableado con tres ramales ?oriental, central y occidental? que se denominó «red asturcón», y que ha acabado convirtiéndose en un escándalo más de la gestión socialista.
La empresa, cuya finalidad inicial compartimos desde el Partido Popular, se ha gestionado al más puro estilo arecista, dando lugar a una serie de desmanes que nosotros llevamos denunciando desde hace tiempo, pero que tanto el gobierno del Principado como el PSOE asturiano han tratado de ocultar deliberadamente.
Por resumirlo y para que todo el mundo lo entienda: se nombra un gerente a dedo, se contrata personal por el procedimiento de recurrir a una empresa privada de selección y elegir a quien se quiere y, a partir de ahí, la gestión de GITPA es un auténtico despilfarro de medios y dinero público. Por no hablar de que el gerente autorizó casi tres millones de euros sólo en contrataciones menores, es decir, sin ningún procedimiento de adjudicación. Llegó incluso a contratar a una empresa propiedad de su hijo cuyo objeto social era la venta y comercialización de bebidas espirituosas. Y no pasó nada.
Los procedimientos de contratación no tuvieron ningún control público. Todo se hacia al gusto y arbitrio del gerente de GITPA, que manejó más de 60 millones de euros en obras de construcción para el cableado de Asturias. Actualmente, la empresa está sometida a una comisión de investigación parlamentaria y a varios procedimientos judiciales en el ámbito penal, lo que viene a ratificar lo que el PP lleva tiempo denunciando en la Junta General del Principado y otros, como el gobierno regional y el PSOE, llevan tiempo tapando.
En diversos informes, funcionarios públicos del servicio de telecomunicaciones del Principado de Asturias exponen desde el año 2014, a las claras, las irregularidades cometidas en la construcción de la «red asturcón». Y al gobierno autonómico no le quedó más remedio, entonces, que poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Kilómetros facturados de más, facturaciones por conceptos inexistentes, modificaciones en la documentación acreditativa de la realización de las obras, falta de control por la Intervención del Principado de Asturias y un largo etcétera de irregularidades y desmanes, que ahora salen a la luz, pero que el gobierno socialista no se ha esmerado en esclarecer, ni en la anterior legislatura ni en la actual.
Además de informes de funcionarios, a la comisión de investigación llegaron anónimamente correos electrónicos que arrojan aún más sombra de dudas sobre la empresa asturiana del cable y apuntan al amaño sin reparos de contrataciones. La cuestión es que, a día de hoy, nada coincide a la hora de analizar el resultado final de las obras acometidas y se desconoce si los millones gestionados por GITPA fueron empleados correctamente.
El Grupo Parlamentario Popular se ha personado como acusación particular en los procedimientos judiciales que actualmente están en curso y, por supuesto, trataremos de contribuir a que se aclare lo que en Asturias ya se conoce como “trama del cable”. Que los tribunales arrojen luz sobre las sombras que no ha despejado el gobierno del Principado.