La Iglesia ante el Tribunal de Cuentas, vaya dos


Están a la recíproca. La Iglesia no rinde cuentas al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas no rinde las suyas ni a Dios. Es como cuando en un acelerador chocan dos partículas y en su impacto nos muestran las interioridades del tiempo y la materia. Un suceso en el que entren en colisión el Tribunal de Cuentas y la Iglesia también muestra, o quizá recuerda, la estructura íntima de la actualidad.

Unidos Podemos y PSOE quieren que el Parlamento obligue a que el Tribunal de Cuentas fiscalice el dinero que recibe la Iglesia. Y eso nos recuerda que, efectivamente, la Iglesia recibe cada año miles de millones de euros del Estado que no están sometidos a control. La razón de que quieran obligar a hacer su trabajo al Tribunal de Cuentas es que el Tribunal no quiere hacerlo, porque los tribunos nombrados por el PP son mayoría y se niegan a ello. Y eso nos recuerda que, efectivamente, el Tribunal de Cuentas que debería fiscalizar a los partidos políticos y sus gobiernos es un juguete más de estos partidos, otro abrevadero con el que premian lealtades políticas. Hablamos de mucho dinero público que anda por ahí sin control y hablamos de una institución básica para que el dinero público no ande sin control. Un día empezaron a llovernos informes y recetas del Íbex y otros sabios internacionales que pedían bajadas de sueldos y recortes de gastos sociales, pero nunca hablaron de los gastos del Estado en la Iglesia ni hicieron mención al funcionamiento de las instituciones que fiscalizan el gasto. Y esto nos recuerda también que, efectivamente, todos esos informes presuntamente técnicos estaban empapados de ideología.

Giménez Barriocanal, Gerente de la Conferencia Episcopal, dice que no se puede fiscalizar lo que la Iglesia recibe de IRPF, porque lo recibe por decisión de los ciudadanos y no es una decisión de gasto del Gobierno, por lo que es como una donación privada. Se necesita mucha creatividad para decir semejante cosa. O mucho cuajo. O un privilegio añejo a prueba de bomba. Quienes ponen la equis a favor de la Iglesia no donan nada porque tienen obligación de pagar esos impuestos. Y ese dinero que pagan porque es su obligación y que va a la Iglesia se detrae de los servicios públicos de todos, no sólo de quienes pusieron la equis. Es decir, lo pagamos todos y debe ser fiscalizado como todo lo que pagamos todos.

Pero no es nuevo que se hable así, con cinismo y desparpajo, de los dineros que van a la Iglesia, y en realidad es inevitable. Nadie razona por qué el Estado gasta dinero en carreteras u hospitales, porque no se puede estar razonando todo todos los días. Simplemente se da por hecho que es una obligación obvia del Estado la de ocuparse de infraestructuras y sanidad. En la dictadura la Iglesia venía siendo una de esas obligaciones naturales del Estado. Los rudimentos elementales de la democracia obligaron a razonar la cuestión, a describir nuestro país como laico y a separar la Iglesia del Estado como se separan en los países civilizados. Pero la inercia estaba ahí. La Iglesia es una mole muy voluminosa para cambiar de un día para otro. Así que se aplazó la cuestión y después siguió aplazándose. Las administraciones del PSOE siguieron esa intuición que considera radical todo lo que haga ruido y, como todo lo que roce con la Iglesia arma mucho ruido, fueron evitando la cuestión. El PP tiene una relación casi orgánica con la Iglesia, que arropa a la ideología conservadora con la emoción compulsiva de la fe religiosa. Por eso nadie puede hablar de los dineros de la Iglesia más que de manera evasiva y cínica. La realidad es que la Iglesia recibe todo ese dinero porque nunca se modificó el estado de cosas en que la Iglesia era una obligación natural del Estado, como las carreteras y los hospitales. Como eso es insostenible en una democracia, pues no hay manera de hablar de ello más que como habló de ello durante años Zapatero y ahora el señor Barriocanal: balbuceando.

Por eso nadie debe esperar bombazos en la fiscalización de las cuentas eclesiales. Seguro que todo es legal. El problema no es de control, eso simplemente es un elemento básico de corrección. Simplemente no hay razón lógica para que la Iglesia no pague IBI. ¿Por qué se paga IBI por cualquier inmueble y no se paga justo si el local es para asuntos espirituales? ¿Qué lógica tiene eso? No hay razón que explique por qué tiene la Iglesia derecho a recibir una parte, ciertamente decidida por los contribuyentes, de las obligaciones fiscales de la gente. El argumento de la labor asistencial social de la Iglesia es falso en la menor y en la mayor. Es falso en la mayor, porque la asistencia social debe estar garantizada y regida por los poderes públicos, no subrogada a órdenes religiosas o de otro tipo. Es falso en la menor, porque no es cierto que la Iglesia financie con el dinero del Estado esa labor. El grueso de la actividad social protectora lo hace Cáritas y Cáritas apenas recibe de la Iglesia un uno por ciento de su presupuesto. Financian a Cáritas mucho más las administraciones públicas y los donantes privados (los bancos ponen más dinero que la Iglesia en Cáritas). El programa Por Tantos con el que piden la equis es sencillamente publicidad engañosa. Fue instructivo aquel episodio en el que Cáritas publicó los datos de pobreza en España y Montoro los negó y se mofó de la organización. ¿Recuerdan la reacción de los obispos? Yo tampoco, nadie la recuerda porque no hubo. En el choque entre Montoro y su Cáritas, la Iglesia sabía bien quién era «su» hijo de puta.

El Tribunal de Cuentas es uno de esos casos en que los partidos funcionan más como parásitos de la sociedad que como instrumentos para su representación. El vicio es conocido y hay que recordarlo cuantas veces sea necesario. Los cargos y componentes de instituciones del Estado que la ley define como independientes tienen que ser nombrados por los poderes públicos, pero es una grave perversión que lo interpreten como puestos de confianza partidaria y se cubran por lealtades políticas. En su nombramiento deben intervenir más agentes que los partidos y, sobre todo, la destitución tiene que escapar a su control. Si el mismo que te nombra te puede destituir nunca eres independiente. Que el Tribunal de Cuentas sea un chollo con el que se premian lealtades, un pesebre donde van a dormir amigotes, familiares y próximos, es imposible que no haya monstruos como Gürtel. De hecho, cuando salió ese monstruo del armario, el Tribunal todavía estaba elaborando informes de lo ocurrido cinco años antes. No puede haber control si las instituciones de control, todas, están cubiertas con militantes de los dos principales partidos que las fueron amañando. El caso del Tribunal de Cuentas es más pintoresco. Como está fuera del foco de la actualidad, aprovechan la sombra para que casi el quince por ciento de la plantilla sean familiares de prebostes políticos. Y decían que era populista llamarlos casta. El PP y el PSOE siguen siendo colesterol malo en el sistema. Que los miembros del Tribunal puestos por el PP voten contra fiscalizar el dinero público de la Iglesia es un acto zafio de militancia partidaria. Mientras no despoliticen y devuelvan las instituciones reguladoras y de control el sistema seguirá viciado. Y no sueltan tan lucrativas prebendas ni lo harán más que a la fuerza.

Europa Laica calculó con cifras y datos que el Estado da cada año a la Iglesia once mil millones de euros, entre privilegios fiscales, momios como la enseñanza concertada y moneda corriente. El secuestro del Tribunal de Cuentas deja el sistema expuesto a ser saqueado por bandas de políticos sin escrúpulos. El sentido común dice que todo esto tiene que ver con el déficit y el gasto público. Pero esos informes expertos del Íbex e instituciones internacionales sólo ven gasto en ambulatorios, aulas, dependientes y sueldos. A lo mejor es que la Iglesia y la atrofia de las instituciones no nos cuestan tanto. O a lo mejor es que el Íbex y demás cofrades tienen claro también quiénes son «sus» hijos de puta.

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