A petición propia

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

14 ene 2017 . Actualizado a las 10:42 h.

Al mismo tiempo que las familias de las víctimas presentaban 137.000 firmas para que la dimisión de Federico Trillo no sea voluntaria ni tenga apariencia de relevo, el Gobierno decía que su cese se hace «a petición propia» y así quedará en las actas del Consejo de Ministros. El Gobierno, por tanto, actuó con dos barajas. Con una, el señor Rajoy dejó a Trillo en la más absoluta soledad y sin protección política y le obligó a presentar su renuncia. Con la otra, no olvida que Trillo es uno de los suyos, de importantes servicios al partido y merece morir políticamente con algún honor. Si esto último es censurado por la opinión pública y la oposición enardecida con este caso, es algo que veremos en los próximos días.

Personalmente considero que el episodio queda cerrado. La ministra Cospedal demostró honestidad e instinto político. Rajoy supo rectificar su primera declaración, la que decía que han pasado muchos años. El Consejo de Estado demostró que está vivo y ha sido útil a la sociedad en un asunto que todavía duele. Y las discusiones suscitadas también demostraron algo: que este país tiene memoria cuando quiere, sabe reclamar responsabilidades y no cierra las heridas por el simple paso del tiempo.

Pero sobreviven dos incógnitas: cuál es el destino razonable del señor Trillo y cuáles son los límites de las exigencias de las familias de las víctimas, suponiendo que esos límites existan. Sobre el destino laboral de Trillo, el Gobierno solo podría aconsejarle o pedirle que se busque otra salida para evitar más problemas. El dirigente del PP Martínez Maíllo se preguntó públicamente si habría que mandarlo a Perejil. Y nada más, porque es letrado del Consejo de Estado por oposición y, si no hay sentencia judicial condenatoria, no se le puede quitar su puesto de trabajo. Trillo ganaría ante cualquier tribunal.

Respecto a las víctimas, sí hay algo que decir. Tienen todo el derecho a sentirse maltratadas, porque lo han sido, y a reclamar lo que les parece justo. Su demanda de más calado social es algo tan sencillo como que les pidan perdón: exactamente lo mismo que las víctimas de ETA han demandado a sus verdugos. Pero, si me pidiesen consejo, les daría este: no actúen como partidos políticos, que a veces caen en ese error. Son invitadas por las televisiones a participar en sus programas informativos y de debate. Algunas se empiezan a comportar como estrellas mediáticas. Y a veces cuesta trabajo distinguir si hablan como familiares de fallecidos o como portavoces del Partido Socialista, Ciudadanos o Podemos. Es, naturalmente, una apreciación personal, pero justificada por antecedentes históricos. Y demasiadas veces el abuso de la razón disminuye la fuerza de la razón.