¿Recuerdan cuándo se empezó a hablar del «tres per cent»? Fue en febrero del año 2005, en el Parlamento catalán. Se produjo una fuerte discusión entre Artur Mas y Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat, y Maragall espetó al líder de Convergència: «Su problema es el tres por ciento». Fue la acusación de la década. Quienes entonces ya nos dedicábamos al oficio periodístico empezamos a recibir sugerencias de todo tipo: nombres de pagadores y cobradores de la trama de comisiones ilegales; instituciones que exigían el pago para empezar a hablar; procedimientos para contactar con las oficinas de recaudación… Al parecer, todo el mundo sabía todos los detalles, pero nadie se atrevía a denunciarlo. Y así pasaron once años, que se cumplen estos días.
De vez en cuando, surge una noticia del famoso porcentaje. La última fue en el 2015, por una denuncia municipal. En esa operación se requisaron documentos que se tardó más de un año en analizar. En medio hubo situaciones pintorescas, como la del alcalde de Lloret de Mar, detenido y condenado, pero que estuvo a punto de ser nombrado jefe de los Mossos d’Esquadra. Hubo también declaraciones de antología, como un escrito del partido Convergencia: «Nadie ha visto al tesorero de Convergencia recibiendo sobres», como si los sobres se recibieran en una mesa petitoria de las Ramblas. Y fue una explicación sensacional la dada al destino de 600.000 euros de las mordidas del caso Liceu, que pertenece a la misma camada de golferías: fueron gastados en actuaciones sardanistas, habaneras y otras habilidades musicales. Todo muy artístico y folclórico.
Ayer se efectuó una nueva redada. Por así decirlo, hubo una nueva dosis de tres per cent. Cuando se escribe esta crónica, hay una veintena de detenidos, y algunos de relieve. Hubo también registros, y no solo en Cataluña, sino en Madrid. Por la dimensión de la operación, pudiera ser la definitiva. No sé si será un prólogo de la reacción anunciada oficiosamente por el Gobierno ante los nuevos desafíos separatistas, o en vísperas del juicio de Artur Mas, pero es, desde luego, un mensaje sobre quién estuvo robando de verdad, y no ha sido España; han sido quienes siguen teniendo el poder político catalán.
Lo llamativo es lo que dice la noticia, por lo demás coherente en cualquier operación policial de este tipo: se trata de obtener pruebas de prevaricación, cohecho, falsedad documental y toda esa ristra de delitos que se esconden detrás del pago de comisiones. Espero que sean de factura reciente, porque como sean de lo denunciado hace once años, ya pueden buscar: las trituradoras funcionaron a todo rendimiento y los ordenadores se destruyeron con más rapidez que los de Bárcenas.