La Justicia se sustenta en la libertad. Castiga a quienes vulneran la libertad de los demás y, en coherencia, defiende al extremo el derecho de cada ciudadano a ser libre. Eso explica que el ingreso en prisión se decida siempre de forma radicalmente restrictiva mientras una condena no sea firme, como ocurre con Urdangarin. Pero que la decisión del tribunal de Palma sea coherente con las prácticas judiciales y consecuente con la reiterada jurisprudencia del Constitucional no puede tapar el profundo malestar de una sociedad que asiste con estupor y frustración a la carrera de obstáculos de la lucha contra la corrupción.
Es cierto que los tribunales acaban castigando a los culpables. Las condenas a Urdangarin y al otrora todopoderoso Rodrigo Rato son pruebas evidentes. Pero llegan con tanto retraso que acaban alimentando el recelo ciudadano. Porque la Justicia es menos justicia debido a sus demoras a causa de un sistema procesal obsoleto y una flagrante insuficiencia de recursos. Y porque aunque sea formalmente justa, en la práctica es tan inequitativa como lo es la sociedad. El grado de justicia es directamente proporcional al coste de la defensa. Unos buenos abogados dilatan los procesos y disponen de los medios necesarios para esconderse tras los mil recovecos protectores del derecho. Esos de los que cualquier delincuente del montón, verdadero protagonista del Código Penal, nunca podrá aprovecharse. Pero las lagunas de la Justicia no se rellenan con el recurso fácil al populismo. La benigna sentencia es cuestionable, pero también sería conveniente preguntarse por la instrucción y aún sería mejor mirar hacia el fiscal, quien solo en el último momento, cuando sabía que no le iban a hacer caso, ha decidido solicitar unas medidas cautelares que nunca antes había reclamado. Pero nada de todo esto puede inocular la sospecha de que Urdangarin inevitablemente eludirá la cárcel. La evidencia de sus delitos, como los de otros muchos, deben convertirse en argumentos sólidos para ganar la próxima batalla, la del Supremo, y conseguir que efectivamente quien la hace la paga en prisión. Por poderoso que sea.