El piso del director general

Fernando Ónega
fernando ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

30 mar 2017 . Actualizado a las 08:39 h.

Tengo buena impresión del ministro Juan Ignacio Zoido. Se le nota primerizo en algunas explicaciones, pero es intelectualmente sólido, políticamente coherente y seguro de lo que tiene entre manos, que es el Ministerio del Interior: uno de los departamentos claves en cualquier gobierno. Lo que no puede evitar es que ese ministerio sea un foco permanente de conflictos. Desde que allí trabajaba el ilustre servidor público don Luis Roldán y los fondos reservados se repartían en bolsillos privados a la llamada «policía patriótica», no hubo otro período de tranquilidad que el de Pérez Rubalcaba, que debía de ser un artista. El resto conoció informaciones como las del atentado del 11M o las grabaciones que le hicieron a Jorge Fernández Díaz en su propio despacho. La casa de los líos.

Así que la información del piso presuntamente adjudicado al director general de Tráfico don Gregorio Serrano y el arreglillo de 50.000 euros para un más cómodo y elegante disfrute, resultó perfectamente creíble. Al fin y al cabo, los altos cargos que vienen de provincias y no tienen donde caerse vivos, disfrutan de ese derecho, que terminó por consolidarse: el derecho a la vivienda digna que proclama la Constitución se les aplica con eficiencia, no lo discute ni la oposición, y ahí sí que no hay distinción entre que sea la herencia de una costumbre franquista o un beneficio nacido de la democracia.

Los señores Serrano y Zoido negaron todo lo publicado, como se podía esperar. El director de Tráfico tapó bocas con un solemne «he venido a servir a España, a los españoles y al Ministerio del Interior». Grandes palabras para momentos de apuro. Y el ministro negó tajante que el piso haya sido ocupado y que la Guardia Civil lo haya concedido. De acuerdo, señores: es obvio que no fue ocupado; pero sí hubo una reforma, que Zoido justificó porque los pisos siempre se arreglan cuando se marcha el cargo que los ocupó, lo cual sugiere una pregunta: ¿se gastan siempre 50.000 euros? Y hubo también un intento de permuta de esa propiedad de la Guardia Civil por otra de Tráfico. Es decir, que podríamos hablar de un «trato de favor no consumado», y eso es lo que los portavoces del PSOE y de Podemos no supieron preguntar.

Lo siento por el señor Zoido, pero el caso no queda cerrado con los desmentidos. Si «algo hubo», algo queda. Lo que queda es que la operación se intentó y se abortó por razones desconocidas. Si resultó un escándalo, fue porque los políticos nos han acostumbrado al uso de lo público para fines privados. No es que Gregorio Serrano y sus interlocutores de la Guardia Civil sean corruptos. Es que, hasta que salta el escándalo, entienden que pueden hacer lo que quieran. Y a veces lo hacen.