El estallido de la operación Lezo solo supuso una relativa sorpresa. Son ya demasiados los años en los que el desayuno se adereza con anuncios de que se han descubrimiento nuevas tramas de corrupción vinculadas al Partido Popular e Ignacio González hacía tiempo que estaba bajo sospecha. Lo verdaderamente extraño era que la mayoría de los periódicos impresos de Madrid no cuestionasen la privatización parcial del Canal de Isabel II y no considerasen impropias las inversiones en el extranjero de una empresa pública de abastecimiento de aguas, o que construyese campos de golf, en vez de repercutir sus beneficios en una mejora del servicio, el abaratamiento del recibo o las arcas de la institución de que depende. No solo eso, condenaban como retrógadas las críticas de la oposición o de movimientos ciudadanos a tan innovadoras actuaciones. Extrañeza que disminuye si se tiene en cuenta lo que invirtió la empresa del canal en publicidad bajo los gobiernos de Aguirre y González y qué medios resultaron especialmente beneficiados.
Eso no quiere decir que la nueva trama de corrupción vinculada al PP no ofrezca novedades importantes. Una de ellas es que haya sido la presidenta de la comunidad autónoma quien la denunciase a la fiscalía anticorrupción, lo malo es que han sucedido demasiadas cosas que parecen indicar que no supone un cambio de actitud del partido conservador hacia los delitos y tropelías cometidos por sus dirigentes y allegados. La otra reside en los numerosos y llamativos indicios de que el gobierno, por medio de su ministro de Justicia, pretende controlar a los fiscales, como en otras ocasiones intentó con los jueces, para limitar los daños de las investigaciones y conseguir la exculpación de los implicados más conspicuos, a la vez que aislar a los posibles condenados del partido. El Ministerio del Interior parece colaborar para lograrlo con el señor Catalá.
Las escuchas a Ignacio González, que han publicado diversos medios de comunicación, alarman especialmente porque sus sugerencias parecen haberse convertido en realidad. Tiene poca explicación ética y políticamente aceptable que un presidente del gobierno que llegó al poder con rotundas promesas sobre la independencia de la justicia se haya empeñado en aumentar el control de su partido sobre el Consejo General del Poder Judicial y haya forzado el cese prematuro de dos fiscales generales que, aunque de ideas conservadoras, resultaron, precisamente, demasiado profesionales e independientes. La simpatía de los presuntos corruptos por los fiscales Maza y Moix y las decisiones que han adoptado en los últimos días dejan en muy mal lugar al ejecutivo y al ministerio fiscal bajo sospecha.
Todavía no han logrado mandar al juez Velasco a plantar cebollinos, pero sí empiezan a ser numerosos los fiscales que tiene que dejar de perseguir la corrupción para dedicarse a la horticultura. Hay motivos sobrados para exigir el cese del ministro Catalá, demasiado vinculado al señor González, y la sustitución de los señores Maza y Moix por fiscales menos próximos al partido en el gobierno. La solución para la fiscalía solo puede venir de una reforma de la Constitución, pero, mientras tanto, el gobierno debe consensuar el nombramiento del fiscal general con los principales partidos de las Cortes y las asociaciones profesionales y olvidarse de las reformas legales que pretenden pasar la instrucción de los casos judiciales a los fiscales y limitar la acusación popular.
Con la operación Lezo llueve sobre mojado. Un partido no puede gobernar implicado en tantos y tan graves casos de corrupción. Mariano Rajoy ya debió dimitir cuando se destaparon los casos de la trama Gürtel y de los papeles de Bárcenas, desde entonces no han parado de descubrirse otros y, señor Hernando, no precisamente gracias al PP. Vicepresidentes del gobierno, como Rodrigo Rato; ministros, como Jaume Matas; presidentes de comunidades autónomas y consejeros de sus gobiernos; diputados y senadores; alcaldes y concejales; todos los tesoreros; el propio partido como organización. La relación de condenados, procesados, imputados y encarcelados de un mismo partido, que además gobierna el país, no tiene parangón en la historia. Demuestra que la mayoría de los jueces y fiscales son, a pesar de todas las presiones y maniobras, honestos e independientes, pero no es tolerable. La corrupción ha costado millones de euros a las arcas públicas, ha envenenado la actividad política y ha provocado el descrédito de las instituciones, emprender la regeneración es imprescindible y una tarea que solo podrá llevarse a cabo con un relevo del PP al frente del gobierno. Es curioso que algunos de los que pidieron con tanta insistencia la dimisión de Esperanza Aguirre por no haberse dado cuenta de que había criado demasiadas ranas no le apliquen la misma medicina al señor Rajoy.
La incapacidad de la oposición para constituir una alternativa al PP tras las elecciones de diciembre de 2015 condujo a que los conservadores lograsen formar un gobierno minoritario tras las de 2016, pero eso no puede convertirse en argumento para demostrar que no hay más remedio que la resignación. Precisamente por ello, la moción de censura anunciada por Podemos no es el disparate que los defensores de la situación han querido presentar. Es cierto que coge al PSOE en malas circunstancias, pero es poco previsible que mejoren después de las primarias, con un líder que no será diputado y una militancia que continuará dividida. Por otra parte, no es censurable que UP pretenda aprovechar la debilidad de su principal competidor, aunque sea comprensible que a este le irrite la iniciativa.
La moción de censura es un mecanismo que existe en todas las democracias parlamentarias y no solo tiene como objetivo sustituir al gobierno. Eso sería hoy lo deseable, pero, si la composición de las Cortes lo hace imposible, servirá para que un representante de la oposición pueda exponer ante el parlamento y el país, sin los límites de tiempo y forma que imponen los muy rígidos reglamentos de nuestras cámaras, sus críticas al ejecutivo y las alternativas que ofrece. Será también el momento en el que Mariano Rajoy tenga que explicar ante el pleno del Congreso la corrupción del partido gobernante. Será derrotada, aunque sorprendería que quien se abstuvo cuando se eligió a Rajoy votase ahora en contra de un candidato alternativo, pero habrá puesto al gobierno contra las cuerdas y permitido exponer a los partidos y a sus líderes su opinión y sus propuestas.
Ya en su día la presentó Felipe González contra Suárez sabiendo que iba a perderla. Es cierto que contó con el apoyo de buena parte de la oposición, algo que ahora no parece posible, pero eso no evita que sea necesaria como forma extraordinaria de afrontar una crisis extraordinaria.