Los resultados de las elecciones generales, la precariedad parlamentaria del PP, la esquizofrenia identitaria de los socialistas, la deriva secesionista del nacionalismo catalán, incluso la artrosis que arrastra el Gobierno a causa de la corrupción galopante. Todos esos ingredientes del caldo político nacional, metidos en el bombo de los Presupuestos Generales del Estado, le han permitido al PNV extraer la bola de la suerte. Al País Vasco le ha tocado el gordo: unos 4.000 millones de euros de rebaja del cupo pasado, presente y futuro. Y, de propina, prioridad absoluta para el AVE que, siguiendo un trazado en forma de Y, llegará soterradamente -con el sobrecoste que eso supone- a las tres capitales vascas. A cambio, el tren de Galicia podemos retrasarlo sin mayores traumas, que esta es tierra de gentes mansas y de diputados dóciles.
Ahora ya conocemos la identidad de los juerguistas a que se refería Montoro, aquellos que quieren ir de copas a celebrar la resaca de la borrachera de gasto público. Lo que no dijo el ministro, omisión imperdonable, es que se proponía pagar de su bolsillo -es decir, del nuestro- la factura de los beodos reincidentes. Y no es pecata minuta: 800 millones de euros por cada diputado del PNV. Cuatro mil millones por cinco votos a favor de los Presupuestos. El doble de lo que nos cuesta el sistema educativo de Galicia, bastante más que la dotación anual del Sergas.
El acuerdo con el PNV ofrece varias lecturas políticas. El concierto vasco supone que la comunidad autónoma establece y recauda sus impuestos, sufraga sus gastos y, a cambio, entrega una cantidad al Estado -el cupo- para financiar funciones no transferidas. Que a los vascos les ha ido de maravilla con ese modelo lo corrobora la evidencia: el gasto público en el País Vasco duplica la media de gasto en las autonomías de régimen común. Que el cupo está infravalorado lo sabe todo quisque, incluidos el PP y el PSOE. Y que ese sistema, amparado por la Constitución, no deja resquicio alguno a la solidaridad con otras comunidades cae de cajón. En ese marco, ¿qué hace el Gobierno al rebajar el cupo casi un 40 %, además de abonar 1.400 millones en atrasos? Sencillamente, patentar un invento prodigioso: la solidaridad al revés. Que los pobres financien, aún más, a los ricos. Con la adenda de un insulto al sentido común: nos dicen que el acuerdo no perjudica a las demás comunidades autónomas. O sea, además de apalearnos, nos llaman estúpidos.
Las otras moralejas de esta historia hacen referencia al bloqueo político que, según los altavoces de la derecha política y mediática, solo el PSOE podía y debía solucionar por responsabilidad y patriotismo. Pues va a ser que no. Rajoy acaba de demostrar que, con nuestra cartera en la mano, podía haber superado la investidura sin obligar a los socialistas a entrar por el aro. Y estos deberían realizar un examen de conciencia a fondo. Explicarnos, por ejemplo, por qué, con 85 escaños, se rindieron a cambio de nada; y por qué otros, con solo cinco diputados, dijeron no en la investidura y se llevaron el cuponazo.