La huida del juez Velasco


Al escándalo de la operación Púnica y al superescándalo de la operación Lezo solo les faltaba un detalle: que el juez que los estaba instruyendo los abandone. La Púnica saltó hace casi tres años, en octubre del 2014, y ahí sigue. La Lezo es más reciente, pero el magistrado Eloy Velasco no podrá tomar declaración al medio centenar de investigados cuya lista se difundió ayer, con nombres tan sonoros como el de Villar Mir. Velasco se marcha a la nueva Sala de Apelación en compañía de Enrique López y no hay forma de impedírselo: se había convocado un concurso, lo ganó por méritos propios, para él es un ascenso profesional, el informe del gabinete técnico del Consejo del Poder Judicial es indiscutible y los dos grandes casos de corrupción sufrirán nuevos retrasos.

Los sufrirán porque ahora hay que abrir otro concurso para cubrir la vacante, vendrá un nuevo (o nueva) titular del juzgado, será el nuevo instructor, deberá comenzar por estudiar miles de folios y quizá adopte nuevas decisiones y quién sabe si hará rectificaciones. Mala suerte para quienes se quejan, nos quejamos, de la lentitud de la Justicia. Cuando algo no se retrasa por una comisión rogatoria a Suiza, se retrasa porque el juez pone pies en polvorosa ante una oportunidad mejor.

El magistrado Velasco se marcha después de presentarse como víctima de la falta de medios. Hace un par de semanas se quejó de la escasez de recursos y apoyo humano y dijo casi literalmente que así no se podía trabajar. Pudo haber confesado la otra verdad, que era la oportunidad profesional que se le presentaba, pero prefirió la aureola del sacrificio, de incapacidad física para tanta tarea y de soledad profesional. Ha sido su opción, en parte justificada, porque solo tuvo el juez de apoyo que pidió durante seis meses, un caso excepcional, ya que ningún magistrado de la Audiencia Nacional dispone de esa ayuda personal.

Mi pregunta es: ¿Eloy Velasco actúa con la responsabilidad debida? Tengo dudas. Quien instruye casos tan importantes para la salud del sistema democrático no debiera anteponer una aspiración personal, por legítima que sea. Tiene derecho a cansarse, como todo el mundo. Tiene derecho al progreso profesional, porque al fin y al cabo es un trabajador. Y tiene derecho a mejor retribución, que el nuevo destino le garantiza. Y esa es la gran diferencia con la empresa privada: un empresario privado no lo dejaría marchar, trataría de resolver sus problemas y haría lo imposible para que se quedase con todo tipo de incentivos y reconocimientos. Pero, ay, eso no lo verán nuestros ojos en la Función Pública. Y esa es la revolución administrativa que necesita este país: más mentalidad de empresa y menos paralizante rigidez.

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