Amnistía fiscal, peligrosa disculpa


Al final el calendario pasa, lo previsible se cumple y los asuntos de debate público llegan al Parlamento. Llevan su trámite, hay prioridades que piden paso, pero todo acaba por llegar. Ayer, por ejemplo, llegó al Parlamento la llamada amnistía fiscal que había sido declarada inconstitucional el 8 de junio. Sus señorías la tomaron con entusiasmo para poner en aprietos al Gobierno. Margarita Robles, la nueva portavoz socialista, se estrenó con ese caramelo. El presidente Rajoy respondió justificando la amnistía por el estado de «prequiebra» en que estaba España en aquella época (año 2012) y el ministro Montoro tuvo que dedicar toda la jornada a predicar lo buena que fue aquella regularización para evitar el rescate, salir de la crisis y empezar a crear empleo. Ya lo había dicho en declaraciones anteriores.

 A este cronista le sorprende que el presidente nos cuele la mercancía de que los 1.200 millones recaudados en la primera embestida han sido muy valiosos para enfilar la salida de la crisis y tomar la senda de la recuperación. Parece que ese 10 % que tuvieron que pagar los defraudadores (un 3 % en la realidad contable) fue el bálsamo de Fierabrás para curarnos de la crisis y del paro. Como dirían en mi pueblo, si todo dependía de los 1.200 millones de euros recaudados, no es tan meritorio el «milagro económico»: bastaba con pedírselos como donación a la patria a don Amancio Ortega, don Amancio no se negaría y recesión resuelta. No puede ser tan fácil, aunque sea la doctrina oficial del Gobierno, ampliamente desparramada ayer sobre la opinión ciudadana.

Expresada esta sorpresa, la preocupación. El argumentario elaborado por el Gobierno reduce los efectos de la sentencia del Constitucional a una cuestión de forma, pero con un punto inquietante: hubo que hacer aquella amnistía o regularización porque España estaba en «prequiebra». La situación económica obligaba al Gobierno a adoptar decisiones de gran alcance. ¿Significa esa confesión que los equipos jurídicos del gabinete sabían que no se ajustaba a la Constitución y, sin embargo, decidieron redactar el decreto-ley por razón de Estado? ¿Es eso lo que quiso decir ayer el presidente Rajoy?

Si lo es, podríamos estar ante un caso de prevaricación: adoptar una decisión a sabiendas de que es injusta o ilegal. Y estaríamos, desde luego, ante la constatación de que se practica una política basada en la perversión de que el fin justifica los medios: el objetivo de resolver una necesidad económica justifica los medios que el Tribunal Constitucional considera ilegales. Creo que es una explicación falsa, pero es la que están dando. Mal ejemplo para convencernos de que se gobierna bajo el imperio de la ley.

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