Por una policía insumisa


Último golpe del independentismo catalán: ha provocado la dimisión del director de la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra. Su renuncia forzada «por motivos políticos», según él mismo declaró, es más trascendente que el último cambio de gobierno. Si el relevo de consellers (cinco en total) estuvo motivado por su falta de entusiasmo ante el referendo, el cese de director de los Mossos, Albert Batlle, obedece a una posición de fuerza para saltarse definitivamente la legalidad y a una clarísima intención de dejar al Estado sin asidero para impedir la consulta. Es decir, estamos ante la evidencia máxima de que la dirección de la Generalitat afronta su desafío desde la insumisión total y rozando ya, por lo menos, los límites del delito de sedición.

 ¿Por qué digo esto de forma tan tajante? Por dos razones elementales. La primera, porque los Mossos son -al menos lo eran hasta ahora- los policías en quienes confía el Estado para hacer cumplir la ley. La segunda, porque el director obligado a dimitir era la persona adecuada para esa confianza. Desde que tomó posesión de su cargo, sus declaraciones no han dejado ningún lugar a la duda: (los Mossos) seguirán «con un escrupuloso respeto y sujeción a la ley»; «los Mossos deben ser políticamente neutrales» o «la policía no es de un partido ni de un gobierno, es de todos». Era evidente que un responsable policial que piensa así no cabe en una dirección política que piensa todo lo contrario: que la ley ha dejado de tener vigencia en una Cataluña que va a crear su propio ordenamiento; que la neutralidad política es la enemiga del proceso de construcción del nuevo Estado; o que la Generalitat se dispone a utilizar todos los medios para lograr sus fines. Albert Batlle no solo era un estorbo; era el gran estorbo para la construcción nacional catalana.

¿Qué sustituto se buscaba? Por supuesto, una persona que no tenga dudas para llevar a los Mossos a la insumisión; una persona sin escrúpulos para dejar a sus policías sin empleo si incumplen sus obligaciones legales; una persona que no tenga nada que perder si los tribunales la inhabilitan, y una persona que renuncie a los principios éticos de un responsable policial y los cambie por los principios del soberanismo, equivalentes al paraíso prometido al yihadista que se inmola por la causa. El nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, ya tiene ese nombre. Pero lo que importa es la intención: los delirantes de Cataluña (adjetivo debido a Rajoy) van a por todas y con un descaro infinito. Para que Sánchez, Iglesias y otros asociados se anden con coñas de ofertas de diálogo. Los independentistas no están en el diálogo. Están en la insumisión. Quizá en la sedición.

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