Convertir en acusado a alguien citado a declarar como testigo en un juicio, por mucho que se trate de un presidente del Gobierno, es una aberración jurídica y política. Y no digamos ya si, como es el caso de Mariano Rajoy, hay quien presenta directamente al testigo como responsable de los hechos juzgados -y en algún caso hasta como condenado-, al margen de lo que testifique o de lo que decida el tribunal. Dicho esto, que debería ser una declaración de principios exigible a cualquiera que opine sobre esta cuestión, resulta ridículo que haya quien pretenda hacer pasar lo que acontecerá mañana en la Audiencia Nacional por algo trivial, rutinario y sin mayor trascendencia.
Aunque es cierto que hay casi 300 testigos llamados a declarar en el juicio del caso Gürtel, Rajoy no es uno más. Se trata del primer presidente del Gobierno en ejercicio llamado a prestar testimonio ante un tribunal. Y, por ello, suenan muy mal algunos comentarios realizados en privado desde el PP apuntando a que la intención del jefe del Ejecutivo es pasar este trago cuanto antes para que su declaración y la consiguiente pena de telediario que lleva aparejada queden enterradas en la arena de la playa durante el mes de agosto.
Dudo mucho de que eso sea lo que ocurra, pero Rajoy cometería un error garrafal, acaso insalvable, si convirtiera su interrogatorio en un rosario de respuestas del tipo «no lo recuerdo», «no me consta» o «nunca me ocupé de eso», como han hecho algunos exdirigentes del PP en un trance similar. Puede que con esa estrategia consiguiera salir vivo del previsible acoso al que lo someterán las acusaciones pese a ser un testigo. Pero difícilmente mantendría así expectativas políticas de futuro.
A estas alturas de la película, sostener que en el PP no ha pasado nunca nada anormal, y que las cuentas y la financiación del partido se ajustaron siempre a la más escrupulosa legalidad, sería un insulto a la inteligencia en el que Rajoy no debería caer. Por tanto, el líder popular debería convertir el calvario en el que algunos pretenden transformar su histórica declaración de mañana en una oportunidad de, sabiendo todos que mentir sería un delito, reivindicar su honestidad personal de manera solemne, contundente e irrefutable, dejando claro que no solo no protege a ningún acusado, sino que es el primer interesado en que tanto Francisco Correa como sus compañeros o excompañeros del PP que hubieran podido vulnerar la ley paguen por ello. Caiga quien caiga. Es decir, lo contrario a lo que hicieron otros ilustres testigos como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes o Rodrigo Rato, en cuyas declaraciones se apreció un claro deseo de no enfrentarse al extesorero Luis Bárcenas, cuya inmensa y probada fortuna es injustificable, con o sin la complicidad de otros.
Es obvio que hay y habrá una utilización política de su declaración como testigo. Pero el reto de Mariano Rajoy no es denunciar eso, sino dejar sin el más mínimo argumento a quien lo acuse de ser responsable o cómplice de cualquier acto ilegal. En conseguirlo mañana le va su futuro.