La tragedia del Alvia, la política y los jueces

Roberto Blanco Valdés
Roberto L. Blanco Valdés EL OJO PÚBLICO

OPINIÓN

Paco Rodríguez

26 jul 2017 . Actualizado a las 08:39 h.

Tal día como ayer, hace cuatro años, España entera se levantaba horrorizada por el descarrilamiento de un Alvia en la tristemente famosa curva de A Grandeira, a tres kilómetros de la estación compostelana. En una zona limitada a 80 km/h, el convoy, que circulaba al doble de velocidad por un imperdonable error del maquinista, se salió como una bala de la vía, lo que provocó un accidente aterrador: 80 muertos y más de 140 heridos.

 Tras el arrojo de los vecinos de la zona en ayuda de las víctimas y el tan inmediato como ejemplar funcionamiento del dispositivo de socorro, que evitó que las consecuencias del siniestro fueran aun peores, llegó lo inevitable: primero, el drama de los que habían sufrido directamente el accidente y el dolor inconsolable de quienes habían perdido a familiares e íntimos amigos; luego, la exigencia de que, más allá de la negligente actuación del maquinista, que había infringido de forma flagrante sus obligaciones, se investigaran otras posibles causas del gravísimo accidente y, en su caso, se exigieran las responsabilidades penales y políticas que pudieran proceder.

Después de cuatro años, las víctimas del Alvia siguen exigiendo «verdad, justicia y reparación». La causa de ello tiene que ver, sin duda, con la ausencia, ¡aún!, de un pronunciamiento judicial, pues tal pronunciamiento será el único que, superando todas las posiciones de parte, establezca una verdad pública, es decir, neutral políticamente y capaz, por ello mismo, de asentar la paz en una tragedia que no llegará por otras vías a ese resultado.

Fue imposible alcanzarla por medio de la investigación técnica, en gran medida debido a que la Comisión Europea, basándose en un informe de la Agencia Ferroviaria Europea, pidió a las autoridades españolas una nueva investigación independiente, negando en consecuencia tal carácter a la realizada previamente por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios española (CIAF). Y es seguro que tampoco se conseguirá la verdad y la justicia mediante la comisión de investigación que han acordado pedir en el Congreso Podemos y el PSOE, después de que los socialistas hubieran rechazado ¡hasta cuatro veces! esa posibilidad. Por su propia naturaleza, las comisiones de investigación obtienen conclusiones sujetas a los imperativos e intereses de la política, como no puede ser otra manera cuando aquellas se alcanzan mediante votación.

Solo los jueces, como poder independiente, están en condiciones de fijar una verdad institucional, por tanto susceptible de ser indiscutida y aceptada por todos. Pues los jueces tienen en los Estados de derecho no solo la función socialmente insustituible de dar a cada uno lo suyo con arreglo a ley, sino también la de resolver los conflictos derivados de tragedias que, como la del Alvia, no pueden encontrar su solución pacífica de ninguna otra manera.