La mañana del 27 de febrero de 1989, una multitud, proveniente de los barrios más pobres de la capital venezolana, (los «cerros» de Catia, El Valle, Coche y Antimano), tomó el centro de Caracas, en protesta por el llamado «paquete económico», anunciado, días antes, por el presidente Carlos Andrés Pérez. Este paquete, condición inexcusable del F.M.I. para la concesión del préstamo urgente solicitado por el gobierno venezolano, contenía, entre otras medidas, la subida del precio de los carburantes en un 100%, la congelación de los salarios, la devaluación del Bolívar en un 400% y la subida de hasta un 300% en el precio del transporte público. La revuelta y los saqueos se extendieron rápidamente por la capital y fueron reprimidos brutalmente por el gobierno, a través de la puesta en marcha del llamado Plan Ávila. El ejército tomó las calles y disparó indiscriminadamente contra la multitud desarmada, produciéndose desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Oficialmente hubo 276 muertos, pero fuentes extraoficiales hablaron de más de 2000 personas muertas o desaparecidas.
Estos sucesos, conocidos como «el Caracazo», supusieron, en la práctica, el fin del sistema instaurado en la República venezolana con la firma, treinta años atrás, del llamado «Pacto de Punto Fijo». Con este acuerdo de gobernabilidad, suscrito el 31 de octubre de 1958, entre los partidos, Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y Unión Republicana Democrática (URP), y con la expresa exclusión del pro soviético Partido Comunista Venezolano, se sentaron las bases del sistema democrático venezolano. Así, pocos meses después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, las tres organizaciones firmantes se comprometían a formar un gobierno de unidad nacional durante una legislatura, con un programa mínimo de gobierno. Lo cierto es que el sistema nacido en 1958, y tras la paulatina pérdida de influencia de la centrista URD, supuso, «de facto», la creación de un modelo bipartidista, con los socialdemócratas adecos y los democristianos copeyanos alternándose en el poder, hasta 1999, cuando la llegada a la presidencia del Hugo Chávez, dio por concluida la etapa «puntofijista».
A decir verdad, el Caracazo instauró un periodo de inestabilidad política y económica en el país durante los meses siguientes, y, así, en la madrugada del martes, 4 de febrero de 1992, un grupo de oficiales medios de las fuerzas armadas, entre los que se encontraba un joven teniente coronel, llamado Hugo Chávez Frías, se levantó en armas contra el gobierno de Pérez. Pese a que, en un primer momento, el golpe fracasó y sus principales cabecillas fueron juzgados y encarcelados, el prestigio del comandante Chávez no hizo más que aumentar, y en las elecciones de 1999, el militar fue elegido presidente con más del 55% de los votos.
La llegada al poder de Chávez y la instauración del régimen bolivariano, desorientó y dividió, en un primer momento, a la izquierda europea. Sin embargo, tras unos titubeos iniciales sobre la verdadera naturaleza del régimen recién establecido, la mayoría de esa izquierda aplaudió y pasó a apoyar, sin reservas, al nuevo gobierno bolivariano. Algunos, por el contrario, lo tuvimos claro desde el principio. Al igual que aquel llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, instaurado por el general Juan Velasco Alvarado y que gobernó el Perú, entre 1968 y 1975, el régimen bolivariano venezolano nunca fue de izquierdas. Es más, su retórica pseudoreligiosa, pseudorevolucionaria, populista, demagógica y militarista, debería repugnar a cualquier persona con una conciencia mínimamente progresista. El régimen chavista es una dictadura militar y con claros elementos fascistas. Es puro militarismo y así ha sido siempre. A su vez, el Partido Socialista Bolivariano de Venezuela (PSBV), no es más que un partido de régimen, creado en el gobierno y por el gobierno, compuesto en sus cuadros principales por empleados públicos y sostenido por el presupuesto estatal, en una suerte de «Movimiento Nacional» o «Unión Patriótica» chavista. Así, el que el régimen castrista, los países pertenecientes a la fantasmagórica Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), o el mismísimo partido Podemos, se entiendan tan bien con los actuales gobernantes venezolanos y los apoyen, es algo qué, según mi modesto entender, tiene más que ver con intereses crematísticos, que con intereses puramente políticos o ideológicos.
Por eso, todos aquellos que, en su día, alzamos la voz, frente a la flagrante violación de los derechos humanos que supuso la represión de las movilizaciones populares, por un gobierno supuestamente socialdemócrata, estamos más que legitimados para condenar la violencia y la brutal represión del gobierno de Nicolás Maduro y sólo deseamos que acabe, cuanto antes, la pesadilla del pueblo venezolano, y que la dramática situación de la población venezolana deje de ser moneda de cambio en la lucha política partidista de nuestro país.