En un mundo globalizado en el que los grupos terroristas actúan como multinacionales de la violencia más atroz sin reconocer fronteras, autoridades ni derechos de ningún tipo, resultaría infantil exigir que la información en torno a la posibilidad de que se cometan atentados cumpliera los mismos estándares de rigor y contraste de fuentes que cualquier otra noticia. Cuando, para reivindicar un atentado, a un grupo como el Estado Islámico le basta que alguien dispuesto a matar en su nombre grabe un vídeo o escriba una carta en la que jure fidelidad a su causa y se lance a la calle empuñando un cuchillo para degollar al primero que se encuentre a su paso, es imposible garantizar al cien por cien la seguridad de ningún ciudadano, sea cual sea el país en el que se encuentre.
Precisamente por esa enorme dificultad para controlar o predecir la actividad del terrorismo yihadista resulta imprescindible que las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los países democráticos mantengan un escrupuloso rigor a la hora de comprobar la escasa información que puedan recibir desde servicios de inteligencia de otras naciones, así como una absoluta confianza mutua y una abierta generosidad para compartir datos que puedan resultar de valor. La policía autonómica de Cataluña, sometida desde hace años a un férreo control político sin parangón en el mundo occidental, llevaba tiempo dando muestras de todo lo contrario. Son muchos los casos en los que los Mossos han cuestionado informaciones procedentes de otras fuerzas de seguridad del Estado español o han ocultado a estas datos relevantes. Una actitud intolerable que solo respondía al deseo de sus máximos responsables políticos de reivindicar su independencia, también en materia de seguridad.
La constatación de que, a pesar de que la CIA alertó en mayo a los Mossos de un posible atentado yihadista en las Ramblas, no se reforzó la seguridad en ese punto, y el hecho de que tanto los mandos operativos como los responsables políticos de la policía autonómica, y hasta el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no solo ocultaran ese dato, sino que hayan mentido reiteradamente para esconderlo, constituye sin embargo un hecho mucho más grave que requiere explicaciones políticas inmediatas y asunción de responsabilidades.
La pésima gestión de la información y las mentiras del Gobierno presidido por José María Aznar en torno a los atentados del 11-M provocaron la derrota del PP en las elecciones del año 2004 y la justificada exigencia de responsabilidades a quienes actuaron con semejante ausencia de ética política. Resultaría impensable que aquellos partidos de izquierda que en su día afirmaron que «los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta» permanecieran ahora callados ante las groseras mentiras y manipulaciones del Ejecutivo catalán en torno a estos crueles atentados. Sería solo la evidencia de que, con tal de echar al PP del Gobierno, están dispuestos a dar carta blanca al independentismo para perpetrar las mayores indignidades.