El Gobierno de la Generalitat se defiende de las moderadas críticas que recibe tras lo que va sabiéndose en relación con los atentados yihadistas de la forma mas antidemocrática que cabe imaginar: intentando, primero, matar al mensajero, es decir, acosando a los medios de comunicación que informan al respecto; y tirando, luego, por elevación, es decir, retando a todos los que censuran la actuación gubernamental, con argumentos de creciente solidez, a que se atrevan a proclamar que los atentados se han producido por culpa del Ejecutivo catalán.
Lo primero es típico de los gobiernos poco o nada acostumbrados a la crítica. Lo segundo supone meter en el debate un argumento tan falaz como indecente, pues el hecho obvio de que la responsabilidad de los atentados terroristas corresponda, como siempre, solo a sus autores es perfectamente compatible con la necesidad de evaluar si los responsables de evitarlos han realizado correctamente su trabajo. Tal evaluación no solo es un derecho de la sociedad en un país democrático, sino una obligación de los poderes públicos para mejorar los dispositivos de seguridad destinados a evitar nuevos atentados.
Los que se produjeron en Cataluña plantean hoy interrogantes que no se pueden despachar con el desprecio y chulería que están mostrando Puigdemont y su Gobierno: ¿Se vigiló de la forma adecuada al imán de Ripoll, especialmente tras la alarma de las autoridades belgas sobre él? ¿Cómo entender que el imán radicalizase a un grupo amplio de personas y montase con ellas una célula terrorista en un pueblo de 10.000 habitantes sin levantar sospecha alguna de las fuerzas policiales? ¿Se juzgó con acierto y rapidez la explosión de la casa de Alcanar? En fin, y sobre todo, ¿se adoptaron las medidas oportunas tras la advertencia de la CIA sobre la posibilidad de que los yihadistas pudieran estar preparando un ataque en las Ramblas barcelonesas?
Como los nacionalistas tienen bula, la pura verdad es que las dudas sobre la correcta y diligente actuación del Ejecutivo catalán, que lleva centrando todas las energías desde hace años en su plan secesionista, no han provocado ni de lejos, pese a su pendenciera reacción, la escandalera que se habría organizado si aquellas dudas hubieran aparecido tras un atentado en una comunidad gobernada por el PSOE o el PP.
¿Se imaginan el zipizape que hubiera montado en ese caso la extrema izquierda nacionalista y no nacionalista? ¿Alguien cree de verdad que Podemos, por ejemplo, habría mostrado tan alta compresión hacia el resultado final de la actuación de las fuerzas de seguridad si los cinco terroristas abatidos no lo hubieran sido por los Mossos, sino por la Guardia Civil o por la Policía Nacional? Esas son también las preguntas que, con pleno derecho, nos hacemos hoy millones de españoles.