¿Qué circo se habría montado en España si durante los años que el Ministerio del Interior estuvo gestionado por Fernández Díaz se hubiese producido un atentado yihadista previamente advertido por la CIA o por un soplón amateur de Andorra? ¿Qué dirían Iglesias y Rufián? ¿Cuántas dimisiones pediría Margarita Robles? ¿Cuántos jueces estrella habrían abierto diligencias informativas? ¿Se resolvería este peliagudo tema convocando menos de cien plenos para que Rajoy dijese en el Congreso «todo lo que sabe» y asumiese las responsabilidades pertinentes e impertinentes? ¿Qué habría hecho Sánchez: callarse como un muerto, o meter ferrete hasta rayar la perola? ¿Habría algún medio de comunicación que no hubiese recordado que Fernández Díaz es del Opus, o que le puso una medalla a la Virgen, o que la Guardia Civil fue la policía preferida del franquismo, o que Acebes mintió el 11M?
El problema no consiste en saber si los Mossos d’Esquadra cometieron algún error, o si las policías del Estado tienen más experiencia en la valoración de las alertas previas a un atentado, o si la mentirijillas de la Generalitat son distintas de las de Acebes, sino en preguntarse por qué todo el sistema de controles -judiciales, políticos, parlamentarios y mediáticos- se activa rabiosamente contra las cúpulas del Estado, mientras opta por la equidistancia -o la abyecta cobardía- cuando se trata de analizar el entorno de la Generalitat o de cualquier fuerza adversa a la mayoría electoral que nos gobierna.
Las razones para este inmoral maniqueísmo son dos: el oportunismo de las fuerzas y medios de la desleal oposición, que nunca dudan en pisar los charcos que puedan salpicar al Gobierno, aunque le hagan daño al país; y la más absoluta convicción de que el PP no es vencible a corto plazo, por lo que todo lo que produce inestabilidad, desgaste, bloqueo e indignación debe ser favorecido y respetado, como política de Estado, hasta que el PP sea expulsado de la Moncloa.
Por eso no debemos engañarnos. El procés es, más allá de Cataluña, una clave esencial para generar los desórdenes y bloqueos a los que toda la oposición ha fiado el desalojo de Rajoy. Y desde ese maniqueísmo estratégico, la atribulada España de hoy no solo está dividida en muy malos (el PP), y muy buenos (todos los demás), sino en inquisidores e intransigentes Robespierres (cuando se trata de controlar al Gobierno), e indulgentes franciscanos (cuando los controlados son partidarios de reventar el Estado para hacer un país con cada esquirla).
Lo malo es que este desorden no está en la mentalidad de la gente, ni en la calle, sino en la estrategia de las élites. Y por eso no puede atajarse si no se desmantelan las células que contaminan el sistema. Y la primera y más potente de todas ellas es el procés, que convierte en alarmante todo lo que su sombra toca.