Imagine por un momento que su vecino del cuarto enloquece y prende fuego intencionadamente a todo el edificio sin mediar palabra. Y que, mientras usted llama a la policía para que detenga al pirómano, a los bomberos para que apaguen el incendio y a todas las puertas para hacer acopio de cubos de agua e intentar sofocar las llamas, el vecino del tercero, en lugar de arremangarse y ponerse manos a la obra, propone en pleno pandemonio celebrar una junta extraordinaria de la comunidad de propietarios, incluido el vecino pirómano, para redactar unos nuevos estatutos. La escena puede parecer surrealista, pero no dista mucho de lo que está sucediendo en España. Resulta que estamos a poco más de tres semanas de que los independentistas intenten perpetrar en Cataluña un anunciado golpe de Estado de consecuencias incalculables y gravísimas, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, comparece en público para proponer la creación de una comisión de estudio en el Congreso para el «diálogo», la «evaluación» y «modernización» del Estado autonómico y el modelo territorial de España.
Quietos todos. Entre gamba y gamba, el líder socialista ha encontrado este verano la solución al problema. Para detener la locura de unos independentistas dispuestos a pisotear todas las leyes, arrasar con la Constitución, acabar con el Estado de derecho y provocar un enfrentamiento civil ya no es necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, ni la Ley de Seguridad Nacional ni recurrir al Tribunal Constitucional. Basta con llamar a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras y proponerles la creación de una comisión de estudio en el Congreso para limpiarle el polvo al Estado autonómico. Escuchada esa tentadora oferta, ambos entrarán en razón y volverán a corrales como toritos mansos.
Si a Mariano Rajoy le hacía falta una prueba más de que Sánchez le mintió cuando le prometió lealtad ante el desafío secesionista, no tiene más que escuchar su abracadabrante rueda de prensa de ayer. El líder del PSOE solo pretende que llegue el 1 de octubre sin comprometerse a nada para culpar inmediatamente al Gobierno de todo lo que suceda. Y lo mismo hace con más disimulo Albert Rivera, que con una mano exige a Rajoy que apague las llamas cuanto antes y con otra le quita el cubo de agua del artículo 155, que autoriza al Gobierno a tomar medidas para que se cumpla la ley.
Llegados a este punto, Rajoy debe tener claro que de aquí al 1 de octubre no va a haber un choque entre dos equipos, uno formado por todos los demócratas y otro por los golpistas de Cataluña, sino un enfrentamiento personal entre él, que asegura que no se va a celebrar un referendo, y Puigdemont, que garantiza que se votará. Un duelo en OK Corral en el que solo puede quedar uno. Si, pese a todas las garantías ofrecidas, al final hay urnas y se acaba votando en Cataluña, Rajoy debería presentar la dimisión. Y si la consulta no se celebra, Puigdemont hará el ridículo y no le quedará más remedio que irse a su casa. El resto van a ser solo espectadores interesados del incendio.