Asesinar, robar y violar son delitos que nuestro ordenamiento jurídico persigue con toda su firmeza; y actúa sin contemplaciones contra quienes los cometen. Sin advertencias, ni amenazas. Se interviene con absoluta normalidad, sin que nadie se escandalice porque todos sabemos que hay que respetar la legalidad. Se actúa incluso en ocasiones tan poco nítidas y tan discutibles como cuando pudiera incumplirse, o no, la llamada «ley mordaza». Pero se actúa. Y es casi siempre así; el que rompe las normas, lo paga.
La declaración de independencia de Cataluña, que cada día está más cerca por mucho que queramos creernos lo contrario, es una excepción. Llevamos cinco años escuchando hablar de delito, de ilegalidades, de ofensa, de violación de la legalidad, de incumplimiento y de vulneración sin que se haya actuado contra quienes la promueven, que además resulta que no son unos señores desconocidos. Más bien al contrario, a cada paso que dan se muestran en público ufanos de haberlo dado. Ayer mismo nos ofrecieron otro recital presentando la Hacienda catalana como garantía del éxito del procés.
Celebraron ya un referendo, por mucho que Rajoy y algunos otros devotos lo nieguen. El Parlament tomó acuerdos independentistas. Se recorren medio mundo explicando lo que quieren ser. Van de periódico en periódico, diciendo lo que han hecho, jactándose de incumplir la ley y amenazando con provocar un motín si no se les ayuda en sus pretensiones. Mañana mismo aprobarán la ley del referendo, que es la primera cita decisiva para la convocatoria. Y por toda respuesta reciben el reproche caritativo y, eso sí, un tráiler de advertencias, de un Gobierno absolutamente desarbolado y de la Justicia afectada de parálisis. Es muy fácil arremeter contra titiriteros y humoristas. Rajoy ayer calificó, en una brillante idea, de disparate y estafa a la democracia lo que está aconteciendo.
A estas alturas y cuando más del 33 % de los españoles, un servidor entre ellos, cree que habrá referendo el 1-O, todo lo vivido nos lleva a preguntarnos si la consulta catalana es tan ilegal como nos dicen. Porque si está al margen de la legalidad vigente, si rebasa todas las normas establecidas, si se comete un delito tras otro, si es tan evidente, ¿por qué no se actúa con firmeza? ¿O es que la contundencia se deja para los que, por ejemplo, se mofan de Carrero Blanco en Twitter?.
No queremos ni imaginar dónde estarían Puigdemont, Junqueras y demás iluminados si en vez de hacer lo que han hecho les diera por robar gallinas.