No comparto la euforia con la que muchos comentaristas acogieron los discursos de apertura del año judicial, cuyos antecedentes son la inoperancia más absoluta, la diversidad de criterios, y un incomprensible amilanamiento ante los cuatro años de desmanes y chulerías jurídicas y políticas exhibidas por la Generalitat. Tampoco creo que el independentismo haya quedado fatalmente herido por la extemporánea exhibición de audacia del Tribunal de Cuentas, que parece querer enmendar en el peor momento, y con ventaja propagandística para los independentistas, la expresa exclusión del delito de malversación de la sentencia dictada contra Mas.
Lo que yo creo es que el Estado en su conjunto, y cada uno de sus tres Poderes en particular, se ha metido en un lodazal que la Generalitat creó, regó y amasó a conciencia, y en el que ahora parece imposible operar con limpieza y seguridad. Ni los tribunales, que no pararon esta locura durante cuatro años -porque no quisieron, no supieron o no se atrevieron-, la van a parar en quince días. Ni los partidos, que tuvieron mil ocasiones para pactar una serena y eficaz defensa de la unidad del Estado, la van a pactar a salto de mata. Ni las formas contundentes de intervención del Gobierno, que no se aplicaron a tiempo, sirven para operar un cuerpo íntegramente gangrenado, cuando ya no queda un centímetro limpio para situar el corte.
Contra todos los avisos de Maquiavelo, que yo me encargué de recordar inútilmente, el Gobierno ha olvidado que «el que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después tiene la guerra». Y por eso pueden afirmarse, sin lugar a dudas, tres cosas importantes. Primera: que este problema que es obligatorio solucionar, ya no se puede resolver sin producir los serios y duraderos efectos colaterales que hace un año hubiesen sido muy limitados. Segunda: que, a la vista de que el desorden jurídico ya está consumado, y la Generalitat ya es una institución corrompida por sus gestores, no queda más remedio que intervenir el procés, restaurar los pactos constitucionales y reiniciar penosamente el camino de la normalidad. Y tercera: que si solo se aplican cataplasmas, como yo me temo, y se huye de la cirugía y la quimioterapia, las metástasis seguirán progresando en proporción geométrica, y España, tal como hoy la queremos, estará abocada al desastre.
Hace un año la lógica del conflicto todavía era jurídica y política, y la aplicación proporcionada del artículo 155 de la Constitución, o de la Ley de Seguridad Nacional, podía ser eficaz. Ahora estamos en un tour de force que mide la osadía de los independentistas -para los que la cárcel sería un éxito-, con el apocamiento del Estado, para el que reprimir será un fracaso. Y en esa lógica ya conviene dejarse de elucubraciones y pedir, con tiempo, que Dios nos coja confesados.