Ayer no hubo solo un debate en el Parlamento catalán. Hubo dos: el estrictamente parlamentario, que recibió duras calificaciones -descalificaciones- del Gobierno central, del PP, de Ciudadanos, del Partido Socialista e incluso de Catalunya Sí que es Pot, y el celebrado en las instituciones estatales, que siguieron lo debatido en Barcelona como si estuvieran allí. Lo que demostró hasta el momento de escribir esta crónica que ha sido una jornada triste. La mayoría gobernante en Cataluña llegó a la sesión con el talante previamente demostrado: la oposición, como no cree en la república catalana, no tiene nada que decir. La presidenta Forcadell actuó con absoluta fidelidad a ese principio. Y en cuanto a las instituciones del Estado, actuaron también como se esperaba: con un Rajoy que pide al Tribunal Constitucional que busque responsables penales; con una Soraya Sáenz de Santamaría avergonzada de lo visto; con una Fiscalía que anuncia de entrada querella contra la Mesa del Parlamento catalán y con tres asociaciones judiciales que se niegan a aplicar las leyes de desconexión porque tratan de subvertir el orden constitucional. El conflicto está servido en todas sus dimensiones.
Frente a ello, Puigdemont no dio señales de duda ni de flaqueza. Metido en su línea de agresividad, criticó a la Corona y negó que en España haya división de poderes. E instalado en su fantasía, volvió a prometer un país «basado en la solidaridad, sin presiones y hecho a medida de las personas». España, por lo visto, es todo lo contrario.
Más allá de las palabras, lo que queda es la estación del choque de trenes, y disculpas por el tópico. Se han vuelto a enfrentar dos legalidades: la del Estado, brutalmente violada en la intención y en los hechos, y la supuesta legalidad catalana, que funciona ya como si fuese una república independiente. No es que los independentistas incumplan las leyes; es que funcionan como si no existieran; es que las desprecian y anuncian la insumisión; es que desconocen incluso el Estatuto de autonomía; es que deciden ignorar a un órgano propio, como el Consejo de Garantías Estatutarias, cuyo dictamen renuncian a pedir porque saben que denunciará la ilegalidad del proceso y de las leyes regionales en que se quiere basar.
Desconocimiento de la legalidad, negación de derechos a la oposición, ideología basada en que «la autodeterminación no se defiende, se practica» (Anna Gabriel, CUP) indican que la actitud vista en el Parlamento catalán se acerca a una dictadura, según definición de Sáenz de Santamaría. Como es natural, el Estado tiene que reaccionar contra todo eso. Comienza el tiempo de los jueces. No es la mejor solución. Desde luego no puede ser la única. Pero ahora mismo es la inevitable.