Un aviso provisional


Si este cronista estuviera en el equipo de asesores de la Moncloa, el primer consejo que le daría al presidente del Gobierno sería este: ordene que le compren un autocúe de esos que usan otros gobernantes, sobre todo los presidentes de Estados Unidos; dos pantallas casi invisibles que le permiten leer mientras parece que no lee, sino que mira al público a derecha e izquierda. Lo recomendaría porque el señor Rajoy es alto, el atril es bajo y al leer el papel tiene que bajar demasiado la cabeza. Y así, mientras sube y baja mirada y cabeza, su mensaje pierde fuerza. Una pena, porque ayer leyó uno de los comunicados más importantes de su mandato, el que pone a prueba su autoridad y la del Estado que representa, y formalmente no respondió a la trascendencia de su contenido.

En ese mensaje presidencial hubo todo lo que tiene que haber en un momento tan delicado como el actual: denuncia de la actitud levantisca de los rebeldes separatistas, firmeza ante el desafío, puesta en marcha de la maquinaria estatal para impedir la ruptura del Estado y de la nación, gratitud a quienes defendieron la legalidad en el Parlamento catalán, defensa de la democracia y de sus valores y la renovada certeza de que el día 1 de octubre no habrá referendo en Cataluña. Esto último, que lo repite cada vez que habla del tema, quizá sea lo más discutible, porque la seguridad que muestra Rajoy es la misma que muestra Puigdemont, pero en sentido contrario. Solo el mismo 1-O sabremos quién tuvo razón o cómo se sustituye el referendo por lo que Ada Colau y Pablo Iglesias llaman movilización o manifestación popular.

Y otro detalle nada menor: ese anuncio solemne de que no habrá referendo, aunque resulte cierto, se ha quedado corto a las pocas horas de hacerse público. Es un anuncio provisional, porque el anuncio que empieza a ser urgente, y dicho con la misma o superior contundencia, es que no habrá proclamación de la república de Catalunya. Lo digo porque el independentismo, como los ladrones, va por delante de policías y jueces. Mientras se cubren los trámites para dejar la consulta fuera de la ley, los señores Puigdemont, Junqueras y asociados van ya por la llamada ley de desconexión, auténtica base del Estado catalán, y con la promesa de que se pasarán por el arco de triunfo las actuaciones judiciales, incluida la inhabilitación de gobernantes, parlamentarios y todo lo que capte el radar de la legalidad.

¿Está el señor Rajoy en condiciones de asegurar que no habrá esa proclamación, aunque jurídicamente no sirva para nada? ¿Hay alguna forma de evitar ese jolgorio que el cuerpo le pide a Puigdemont? Esas comienzan a ser las preguntas que España se hace y el mensaje que necesita escuchar.

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